Reproducimos esta nota realizada por la Equipo Jurídico de la CTA Capital en relación al proyecto de modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Senadores el pasado miércoles 3 de octubre.
Para no volver al pasado, es preciso discutir y avanzar sobre las rémoras neoconservadoras que hoy se mantienen incólumes y siguen atacando a los laburantes de nuestro país. Así como hemos logrado liquidar a las AFJP para volver a un sistema público de reparto, hoy la Ley de ART significa un negocio millonario, mientras mueren por día 20 trabajadores y trabajadoras por accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Esta nota permite reflexionar y evaluar si el proyecto presentado por el Gobierno Nacional avanza en la linea que nuestro pueblo precisa para defender sus intereses.
Reflexiones sobre el proyecto de modificación de la Ley de Riesgos enviado por el Ejecutivo
por Pablo Kleiman * Secretario Administrativo y Coordinador Espacio Juridico CTA Capital.
"I.- Prioridades: Primero bajar la litigiosidad, luego la prevención. La Presidenta, en su discurso de anuncio de envío del proyecto al parlamento, hizo mención a la excesiva litigiosidad que –a su entender- existe hoy día en el fuero laboral con motivo de la actual Ley de Riesgos del Trabajo 24557. Dijo además que gran parte de esa litigiosidad se debía a la “industria del juicio” y que luego de resolver este problema, va a haber que promover una ley de Prevención para completar este proyecto enviado por ella.Al decir eso lo primero que se advierte es que la Presidenta estableció claramente el orden de prioridades del ejecutivo: Primero la tranquilidad para el sector empresarial con respecto a los reclamos de los trabajadores y luego, en una segunda etapa, la salud de los mismos.La Presidenta hizo alusión a la “industria del Juicio”, término acuñado en los años noventa y que refiere a que los abogados en su afán de ganar dinero injustificadamente, convencen de litigar a los trabajadores aunque supuestamente no haya razones para ello.Con relación a ello tres simples cuestiones:1.- Si realmente la ley fuera eficiente y reparase íntegramente los daños sufridos por los trabajadores, no habría tanta litigiosidad. Los abogados, por más “malos” que fueran, no podrían convencer a alguien que cobra lo que es justo en tiempo y forma, de hacer reclamos. Por otra parte, si los reclamos no fueran ajustados a derecho serían rechazados en sede judicial pero lo que ocurre es que los magistrados le dan la razón a los trabajadores en sus reclamos. A ello hay que agregar incluso que los trabajadores -aún teniendo justo derecho al reclamo- mayoritariamente postergan sus demandas en aras de cuidar su fuente laboral ya que no es sencillo reclamar judicialmente y seguir trabajando con el reclamado.2.- Aún aceptando la línea argumental de la presidenta en cuanto a la industria del juicio, es bueno saber que las ART facturaron en el año 2011 unos 12700 millones de pesos y este año ya llevan más de 9mil millones. Sería interesante sumar todos los honorarios de todos los abogados que promovieron juicios por accidentes de trabajo o enfermedades laborales y ver cuál es la suma total de ello para ver si es correcto hablar de industria del juicio o de industria del accidente y la enfermedad de los trabajadores.3.- Por último, es justo reconocer que fueron abogados los que lograron -a través de las acciones judiciales que promovieron- que los juzgados de Primera Instancia, las Cámaras de Apelación y hasta la CSJN declarasen las inconstitucionalidades que padece la actual Ley de Riesgos del Trabajo, colaborando de esta forma en poner a la luz la necesidad de reforma de la ley, que hoy no discute nadie, más allá de los matices de dicha reforma.Con relación al tema de la prevención, hay que destacar que sólo en el sector formal, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) verifica alrededor de 650.000 infortunios del trabajo anuales. A este componente habría que agregarle otro 35 %, proveniente de los siniestros ocurridos en el sector informal no registrado, lo que totalizaría la existencia aproximada real de 900.000 eventos dañosos anuales. Nótese que se toman cifras oficiales y se adiciona los siniestros que se producen en el sector informal, suponiendo que se producen en igual cantidad que en el sector formal, cuando la realidad es que al trabajar en condiciones más precarias, suceden más accidentes. A lo dicho hay que agregar que una parte significativa de las acciones judiciales se refiere a enfermedades laborales no reconocidas por las ART, ni por las comisiones médicas, corroborado el infrarregistro de estas afecciones originadas en el trabajo que caracteriza al sistema vigente, conforme también se comprueba en las propias estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.Siguiendo lo expresado hasta aquí pareciera que el orden de prioridades escogido por el ejecutivo es justamente el inverso al que imponen las necesidades de los trabajadores, la racionalidad y la justicia..."
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