Por Claudia Neira
El macrismo es estética
pura, no hay lugar en él para la complejidad, para las soluciones
difíciles. El Gobierno de Mauricio Macri no nació para resolver
problemáticas como la vivienda, el trabajo, la salud o la educación,
pero tiene, indudablemente, una activa política en materia de Uso y
Ordenamiento del Espacio Público.
Esta definición de
prioridades del Gobierno PRO se enmarca en el libreto del
DuranBarbismo que constituye la matriz del modelo de Ciudad Macrista.
La política para el uso y ordenamiento del espacio público define
una determinada visión de las relaciones en comunidad, de la forma
en que cada persona se desarrolla como ciudadano, en un marco que
indefectiblemente lo relaciona con otros.
No es pues casual que esta
política tenga amplias similitudes, por ejemplo, con la gestión de
Rudolph Giuliani en la Ciudad de Nueva York donde las promesas de
seguridad tuvieron como eje la tolerancia cero en materia de
infracciones al uso del espacio público, con persecución y
represión a cuidacoches y limpliavidrios. 1
Del mismo modo, las
acciones de gobierno del macrismo, si bien se presentan desde una
mirada de embellecimiento de la vía pública, pasos peatonales,
plazas y parques, se definen en una deliberada política de
criminalización y persecución de la informalidad en el Espacio
Público.
En este sentido, esta
semana se publicó en los medios el Quinto Informe de conflictividad
que realiza el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que contiene
las estadísticas sobre delitos y contravenciones denunciados durante
el año 2012. En el informe, el Fiscal General saliente, Germán
Garavano, hace hincapié en la cantidad infracciones por venta ilegal
callejera y cuidado de vehículos. Es decir, pone de relieve las
contravenciones labradas con relación al ordenamiento del espacio
público, aún cuando las mismas se redujeron en un 7% respecto del
año anterior.
Lo cierto es que la
cantidad de actas labradas poco de relevante agrega en la materia, ya
que la estadística sólo refleja el nivel de persecución y nada
dice de cuáles son hoy los nudos problemáticos en materia de uso
del espacio público.
Por otra parte, el
discurso de mano dura, sin matiz alguno, no permite discriminar entre
quienes buscan “ganarse la vida” y quienes, en el marco de
estructuras mafiosas, son parte de la problemática de la
inseguridad.
Respecto de los primeros,
es preciso abandonar el abordaje represivo. Quienes se ganan la vida
en la vía pública no van a abandonar la misma, si el Estado no
logra fomentar el empleo formal y ofrecerles una alternativa real
para subsistir y desarrollarse.2
Es evidente que aquellos que ocupan la calle cuidando coches,
vendiendo productos o quienes se encuentran en situación de
prostitución no van a abandonarla sólo porque se les labre un acta.
En este sentido, es
preciso que el Estado genere políticas inclusivas activas que
permitan a quienes, por diversos motivos se encuentran en la
informalidad, recuperar un proyecto de vida que les permita
integrarse en la vida social. No importa cuán dura sea la mano del
Estado, ya que cuando las personas a quienes se intenta disuadir no
tienen opciones, no cumplirá con sus objetivos.
Muy diferente es el caso
de las mafias que se adueñan del espacio de
todos, no para desarrollar en la informalidad una actividad que tiene
como objetivo ganarse el pan, sino para realizar delitos. Respecto de
ellos, es necesario que el Estado termine con toda forma de
connivencia y tenga verdadera voluntad política para perseguirlos.
La otra gran cuestión es
el rol que el Macrismo le ha ido otorgando a la Policía
Metropolitana que, poco a poco, se ha transformado en el brazo
ejecutor de una política de seguridad que empieza y termina en la
policialización del espacio público.
Mientras tanto, quienes
deberían ser los encargados de ordenar el espacio público, es
decir, los trabajadores del Cuerpo de Inspectores del Uso del Espacio
Público, se encuentran, paradójicamente, realizando su labor en
condiciones de alta precarización laboral. Es decir, que aquellos
que deberían perseguir el trabajo informal se encuentran
desarrollando su tarea bajo contratos precarios por parte del Estado
de la Ciudad.
Es importante señalar
además que menos del 1% de las actas que se labran por
contravenciones relacionadas con el espacio público llegan a una
sentencia condenatoria. Es decir, que se ponen en juego una enorme
cantidad de recursos del Estado para procesar estas causas que
finalmente no tienen resolución. Maquillaje y engaño a los vecinos.
Discursos duros y soluciones nulas.
Los problemas de seguridad
requieren de un enfoque integral y serio. No se solucionan creando
enemigos vulnerables a acciones más espectaculares que realistas. No
se resuelven gastando recursos judiciales en causas que no son más
que papel. Es necesario que el Estado retome su rol de promotor de la
justicia social, ampliando derechos y fomentando el empleo digno para
que el espacio público se convierta en el lugar donde nos
encontremos y se reconstruyan los lazos sociales. Es preciso, en
fin, que construyamos un Estado que asuma la resolución de los
verdaderos problemas de los Ciudadanos y que por fin adopte una
política de seguridad que acompañe los esfuerzos que hace el Estado
Nacional para que cada día la Ciudad sea más segura y para resolver
los conflictos que el Gobierno Local decide ignorar.
1
Recordemos que en Nueva York no sólo fracasaron estas políticas,
sino que hoy hay un gobierno que tiene un enfoque completamente
opuesto a las políticas de tolerancia cero de Rudolph Giuliani.
2
Mientras
a nivel Nacional los datos reflejan que la Tasa de Empleo No
Registrado pasó de 49,1% en 2003 al 34% en 2011; en la Ciudad de
Buenos Aires en el mismo período la variación fue de apenas 3%
(del 30% al 27%).
Si
bien es preciso destacar que tanto a nivel a nacional como local,
estas cifras siguen preocupando por su volumen, también es cierto
que la escasa variación a nivel local demostraría una escasa
actividad gubernamental en su rol de policía de
trabajo.
