Auspiciando el debate del lunes próximo, el compañero @TomasGuevara nos trae unas notas para seguir profundizando el análisis respecto a las consecuencias de la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Se abre entonces el debate, pasen y lean (y siempre opinen, opinen, opinen!)
Cualquiera que agarre un diario, prenda la tele en los programas de noticias o escuche un rato la radio habrá tomado nota de las fechas, con su nueva forma de denominarse, que se extienden como plaga en el almanaque de nuestra realidad política: 13S, 8N, 20N, 7D, ahora apareció el 15D, etc. Es una forma bastante poco feliz de interpretar los hechos, porque tiende a estancarse en las fotos, las instantáneas, y nubla los procesos que son, además de más interesantes, los que realmente permiten aproximarse a algo parecido a una comprensión de lo que sucede en nuestra realidad cotidiana. Las fotos también ayudan, obvio. Son sintéticas, condensan muchos elementos, pero sólo si son puestas adecuadamente en contexto. De lo contrario, se incurre en un error en el que cae recurrentemente el periodismo: elevar sistemáticamente las fotos a la categoría de procesos. Ejemplo: Moyano por X motivo coincide en un evento con Macri e inmediatamente se postula una alianza política. Para cualquier que mire el proceso en su totalidad es ridículo postular esto: Moyano se viene sacando fotos con dirigentes de todo tipo y pelaje desde que rompió con el kirchnerismo, como forma de ampliar sus espaldas políticas. No obstante, nada indica que vaya a sacar los pies del plato del peronismo, por el momento es ahí donde realmente quiere jugar sus fichas.
En este contexto, pareciera que todo lo que viene pasando desde que la Corte Suprema fijara la fecha está puesto en referencia con el famoso 7D, al punto tal que todo termina interpretándose en función de esa batalla, definida por oficialismo y gran parte de la oposición, como la madre de todas las batallas. Personalmente me tiene harto este planteo, no porque crea que carezca de importancia como disputa, sino porque es una “delimitación de la cancha” que me parece que es funcional a determinados intereses que no son exactamente los intereses de las grandes mayorías de este país. Es una foto que no termina de sumar, porque está puesta fuera de contexto.
Por una (gran) parte, la relevancia del 7D releva la importancia de los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas, una obviedad. Claramente, una disputa contra un medio de comunicación, sea cual fuere, no hubiera tenido esta relevancia hace 50 años. No porque no existiese la dialéctica entre el gobierno y los medios, o la política y los medios, sino porque estos últimos no tenían el rol preponderante que tienen hoy.
Pero, esto no termina de explicar la notoriedad que ha tomado esta fecha. En términos del sistema de medios, es indiscutible la trascendencia de la disputa que puede tener un gobierno con un grupo económico como Clarín, que detenta una posición dominante tan exagerada en el mercado de medios audiovisuales. Y no sólo este gobierno, cualquiera. Los gobiernos, nos gusten más o nos gusten menos, tienen procesos de legitimación, pasan por elecciones, tienen mandatos acotados, etc. Permitir la existencia de un grupo económico, ya sea de medios o de cualquier otro sector, con un poderío tal que pueda condicionar el accionar de un gobierno va en contra de cualquier principio democrático. No hace falta ser socialista, comunista, ni siquiera de centro izquierda o “progre” para estar en contra de los monopolios o los oligopolios. De hecho, por ejemplo, EEUU hace décadas que tiene legislación antimonopólica, que se ha aplicado con dispar suerte.
Dicho esto, es innegable que mucho han hecho los sucesivos gobiernos por cimentar y acrecentar el poderío de Clarín. Sólo como ejemplos, la privatización de Canal 13 que Menem le entregó al grupo Clarín y la autorización de la fusión de Cablevisión y Multicanal realizada por Kirchner, casualmente un 7D de 2007. Pero la lista es interminable, incluyendo la todavía no del todo clarificada –al menos en sede judicial- adquisición del paquete accionario de Papel Prensa durante la dictadura, una de las claves del crecimiento del grupo económico.
Entonces, si los medios cumplen un rol central en las sociedades de hoy y, si es a todas luces correcto enfrentarse a un oligopolio tan desmesurado y pretender la desconcentración en dicho mercado, ¿por qué afirmar que el 7D como viene planteado parece responder a intereses que no son los de las grandes mayorías? Justamente porque en la delimitación de la cancha no aparecen las mayorías, la antinomia planteada en este tiempo es Gobierno vs Clarín o, en la formulación más genérica de los kirchneristas, Gobierno vs Corporaciones.
Así planteado, los intereses de las mayorías populares sólo estarían contemplados siempre y cuando consideremos, en todo momento y lugar, al Gobierno como un fiel intérprete de los intereses de esas mayorías. Esta hipótesis, postulada por los oficialistas, tiene varios problemas.
En primer lugar, abreva en una concepción liberal de la política, en varios sentidos. En un sentido, entiende al Estado por fuera de cualquier disputa de clase, como una especie de gran árbitro de la sociedad, que responde o vela por el bien común, bien común que coincidiría en gran medida con el bienestar de las mayorías. En otro sentido, porque cierra filas con una visión liberal de la política, donde las mayorías “no gobiernan ni deliberan sino a través de sus representantes”. Esta visión representativa estuvo en auge en estas últimas semanas, donde desde el gobierno y la oposición se afirmaba que las marchas y movilizaciones de las últimas semanas se explicaban por la falta de representación política. Algunos ejemplos. El Jefe de Gabinete, Abal Medina, afirmó que los caceroleros debían elegir un jefe político y esperar a las elecciones. El senador Luis Juez afirmó que las personas cuando se movilizan lo hacen porque no tienen alguien que los represente, en cuyo caso estarían en su casa y no en la calle. Es decir, las mayorías no intervienen en el debate, son actuadas, son interpretadas, son representadas. Extraña concepción para un gobierno que se denomina peronista, movimiento que entre otros muchos méritos tuvo la de dotar de protagonismo a esas mayorías, facilitarles la construcción de organizaciones propias como los sindicatos, permitirles cobrar una voz propia.
Desde esta concepción, ¿cuál es el rol de las mayorías en la confrontación del 7D? Apoyar incondicionalmente al Gobierno, que será el encargado de garantizar sus intereses. Creo que esta concepción es problemática, aún si uno tiene una visión positiva del kirchnerismo, o de cualquier otro gobierno. No es concebible ningún avance social transformador si no hay un proceso de movilización social empujando en ese sentido. Creo que, en gran medida, el estancamiento reciente del kirchnerismo y algunos errores gruesos se explican, no sólo por los problemas económicos que lo acucian, sino porque terminó por “freezar” el impulso social que hizo posible su propia emergencia como experiencia política, al que supo interpretar hasta cierto punto. Hoy, por fuera del 7D, en el mejor de los casos, la movilización política que sustenta el kirchnerismo sólo puede postular la re-reelección de CFK como programa político en sí mismo. Ni siquiera aparecen ya las alusiones a la “profundización del modelo”. Esta situación no puede durar mucho más. En esto tienen gran responsabilidad los dirigentes y militantes kirchneristas que se limitan a postular la continuidad de una conducción política, como si esta conducción fuera una garantía en sí misma de la orientación del proceso.
La conducción política de los procesos de transformación no puede entrar en un impasse eterno, porque la propia dinámica del proceso social se lo impide. O sigue avanzando sostenidamente en pos de mayores grados de cambio social –como viene haciéndolo Chávez- o es abortada por la reacción –como le pasó a Perón en el ’45 o a Allende en el ’73- o se vuelve en sí misma conservadora y permite la emergencia de una conducción resistente en la oposición, que pugne por la continuación del proceso de cambio –como pasó con Alfonsín o con la Alianza y en infinidad de veces más con amagues de procesos de cambio en la región. Se puede bajar un cambio, se pueden reformular algunas cuestiones, se puede sufrir algunos retrocesos, pero tarde o temprano se impone alguna de estas tres resoluciones. No hay “tiempo muerto” en los procesos de cambio que pueda durar demasiado.
Además, esta concepción de la política representativa va a contrapelo de las experiencias más interesantes de la región, que reconocen a los movimientos sociales, expresión política que por definición rebasa las instituciones políticas formales, como uno de los puntales principales de los procesos en curso y buscan mecanismos para ampliar la participación popular en las decisiones y debates públicos. Como bien lo formula García Linera, es la dialéctica entre Estado y Movimiento Sociales uno de los ejes centrales que se desarrollan en la región y que explican el avance o el retroceso de estos procesos.
Acá es donde se empieza a vislumbrar por qué el 7D como está planteado no sirve a las mayorías. Como está planteado, sirve principalmente a los intereses de un Gobierno en busca de revitalizar su conducción política en un sentido transformador, al tiempo que busca ocultar los problemas y contradicciones que afloran en la coyuntura económica actual. Sería positivo para el país y para las mayorías que consiga revitalizar su impulso transformador, pero sería de todas maneras un triunfo limitado y temporal. Sería sólo una foto, fuera de contexto. ¿Después del 7D qué? ¿Cuál es el la hoja de ruta de este proceso en curso? Si la disputa es con las corporaciones, hace rato se tendría que haber planteado conflictos con las cerealeras, con las mineras, con las cadenas de hipermercados, con las empresas concentran la producción de insumos claves –como cemento, envases plásticos-, etc. ¿O es que van a plantearse después del 7D? El 7D como está planteado es funcional a una lógica representativa y liberal de la política que no permite seguir avanzando en un sentido transformador y termina adquiriendo un tinte conservador en términos políticos.
Creo que el 7D debería ser reformulado para que sea productivo, no como una disputa entre el Gobierno y las corporaciones económicas, sino como una disputa entre el Pueblo y las corporaciones económicas, de donde se deriva toda una hoja de ruta que tiene que empezar a plantear discusiones centrales vinculadas a la concentración y extranjerización de la economía argentina y a la vigencia del lastre de la deuda externa como ancla de un proceso de desarrollo autónomo. Deuda que requiere revisión y reformulación de sus condiciones de pago –empezando por la aceptación de jurisdicción extranjera. Y creo que todos los dirigentes y militantes, kirchneristas o no kirchneristas, harían bien en darse cuenta que esta disputa contra las corporaciones económicas ha de desarrollarse independientemente del Gobierno de turno. Y que si este Gobierno no está dispuesto a seguir avanzando en pos de mayores grados de independencia económica, soberanía política y justicia social –para apelar a la trilogía peronista- el pueblo habrá de darse una nueva conducción, una nueva expresión institucional. Entendiendo que el aparato del Estado y la orientación de las políticas públicas son una herramienta fundamental e irremplazable en los procesos de cambio. Y que la forma más eficaz, pero no la única, para definir la orientación del Estado y las políticas públicas es ocupar los lugares institucionales con representantes de la movilización que les da sustento. Pero, la vinculación entre este Gobierno y dicho movimiento social, incluso el Gobierno más genuinamente representativo del proceso social en curso, no puede intentar congelar la dinámica de cambio y tiene que saber conducir en el marco de las contradicciones y la dialéctica que son inherentes a los procesos sociales. Y de nuevo para cerrar, teniendo en claro que en un proceso de cambio la conducción política no tiene alternativa: o avanza, o más temprano que tarde, deja serlo.
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