Desde el primer empréstito con la Corona
Británica en 1824, a través de la Baring Brothers y las negociaciones con el
entonces Presidente de la Argentina, Bernardino Rivadavia, las políticas de
endeudamiento estuvieron asociadas fuertemente a los roles que las economías
centrales del mundo se asignaban respecto de la división internacional del
trabajo. Las economías poderosas utilizaron el mecanismo del endeudamiento como
factor decisivo para determinar el modo de crecimiento y desarrollo de las economías
emergentes.
La capacidad de financiamiento se
transformó en herramienta de la geopolítica para dividir el mundo en países
industrializados, y economías dependientes exportadoras de materias primas.
Nuestro país fue un ejemplo palpable de la dominación británica primero, y
luego norteamericana, en el reparto de la dominación internacional. Los
gobiernos, empresarios y el complejo agro exportador compusieron un relato
hegemónico, mediante el cual formar parte del mundo implicaba entregar la
soberanía en pos de las migajas del capital internacional que llovería a
nuestras pampas.
Desde la orilla opuesta a ese proyecto
de dependencia surge el peronismo. Fue Perón quien logró plantar a la Argentina
en un lugar soberano e impedir que el capital trasnacional siga llenando sus
arcas con el esfuerzo del pueblo argentino. El peronismo se transformó así
en un obstáculo para el proyecto
imperial de los países poderosos.
Pero por entonces, todavía no había
llegado lo peor en materia de endeudamiento. Mientras en 1824 los empréstitos
intentaban justificarse en el interés nacional de realizar puertos, ciudades y
obras de infraestructura; hacia finales del siglo XX la deuda sólo formaba
parte de la estrategia de construir más deuda, pagando intereses de una deuda
usuraria de imposible cumplimiento, una deuda que -no casualmente- tuvo un
marcado aceleramiento a partir del régimen liberal implantado por la dictadura
militar de 1976.
Así, los condicionamientos externos no
detenían su marcha, y las recetas del FMI y sus tecnócratas aconsejaban
achicamientos del gasto público y flexibilización laboral para combatir el
poder de la clase trabajadora y someter al país a los arbitrios del sistema
financiero internacional.
Sin embargo, cuando el rumbo parecía
definitivamente perdido, Néstor Kirchner sacó a la Argentina de este camino de
ignominia, llevando adelante una política sistemática y consciente para
desprenderse de la herramienta de sometimiento que durante 200 años de historia
condicionó nuestro desarrollo y nuestras potencialidades. El pago soberano de
la deuda externa, a partir de una quita de capital a los acreedores y el pago
al contado con reservas fue la política que permitió desanclar las expectativas
del orden financiero internacional en nuestro país, y comenzar un camino de
producción, equidad y desarrollo en Argentina.
Las reestructuraciones de deuda de 2005
y de 2010 lograron encauzar los compromisos del Estado Nacional contraídos en
los años 90’ y comienzos de 2000, compatibilizando deuda con ingresos y
posibilidades de pago. De esta manera se logró una quita mayor al 65 % con un
nivel de aceptación de 92, 4 % de los acreedores.
Dentro del saldo restante se encuentran
los ya conocidos “Fondos Buitres”, operadores financieros internaciones que
compran títulos de deuda defaulteada para maximizar sus ganancias mediante
acciones judiciales. Estos tenedores de bonos, litigantes profesionales,
bloquearon el pago de los servicios de deuda en 2014 con la venia del Juez
Griesa. Es decir, el 1 % de los bonistas impidió que se le abonara según lo
pactado a los tenedores que habían aceptado la reestructuración (el 92%).
Actualmente, el Congreso de la Nación
está por dictaminar la habilitación para que el Gobierno de Mauricio Macri
cierre un acuerdo con los buitres apresurado y desventajoso.
Con el acuerdo propuesto se le reconoce
a los buitres el 75% del valor nominal de sus bonos (que compraron de remate, a
sabiendas de la imposibilidad de pago) con ganancias superiores al 1500 %. El
monto para los cuatro fondos involucrados es de U$ 4.653 MM. La Nación debería
emitir bonos por U$ 15 mil millones para enfrentar en el corto plazo los
compromisos de deuda.
Sin embargo, este arreglo alcanza solo
al 85 % de los holdouts, por lo tanto, el caso no estaría cerrado y hay
posibilidades de que los acreedores que no acordaron (el 15% de los Fondos
Buitres que todavía no aceptó la oferta), o peor aún, los que aceptaron la
restructuración de 2005 y 2010 – muy por debajo de la oferta actual de
Cambiemos - comiencen a accionar bajo los mismos preceptos que los buitres.
Están claras las dificultades para
arribar a un acuerdo beneficioso, debido a los insostenibles reveses judiciales
que hemos enfrentado y a la política desplegada por algunos acreedores, pero
este acuerdo nos coloca en peores condiciones de las que estamos actualmente
respecto de la deuda. Un acuerdo razonable requiere atención y tiempo para la
necesaria discriminación de casos, naturaleza de los fondos y del derecho, de
la existencia o no de sentencias y de los recaudos más elementales frente a
futuros reclamos. El apuro en negociación siempre es negativo. Más aún cuando
se lo expone como un valor frente a los acreedores, poniendo sobre la mesa de
negociación “a priori” la “voluntad de
acordar”.
Párrafo aparte merece la figura del
principal beneficiado por el gobierno de Mauricio Macri. Paul Singer, dueño del
fondo NML Eliott ha logrado obtener del gobierno argentino lo que nunca se
hubiera imaginado en cuanto a “extras” como por el ejemplo, el pago de los
honorarios de abogados (y lobbystas) que accionaron contra nuestro país y montaron campañas millonarias para
desacreditarlo que van desde el escandaloso (y fallido) embargo de la fragata
Libertad (ordenada su construcción en 1953 con el nombre de Eva Peron) hasta
los sugerentes vínculos de Singer con organizaciones que instituyeron el premio
internacional (?) “Alberto Nisman” a la “lucha por la verdad”.
Financista del ala más dura del Partido
Republicano, promotor en Estados Unidos de los intereses belicistas de sectores
de la derecha israelí, Paul Singer no debe ser tomado, aun siéndolo,
simplemente como un típico emergente del anarcocapitalismo mundial surgido de
la desregulación conservadora de los 80 y 90s. Debemos considerarlo como un
actor político concreto, sobre el que tendremos mucho por conocer e investigar
y sobre el cual la lucha por la soberanía nacional toma un significado y una
dinámica absolutamente nueva.
Por otra parte, el Estado Nacional se
propone emitir bonos por U$ 15 mil millones –suma inexplicablemente mayor al
acuerdo planteado- supuestamente para los compromisos de deuda. El
endeudamiento, así planteado, carece de justificación y de relación con el acuerdo.
Es preciso definirlo y limitarlo. Siempre en un marco de solución inclusiva de
todos los acreedores: “los buitres” que siguen por fuera del acuerdo y el
92,4% restante.
Entendemos que es necesario acordar con
los deudores y resolver este conflicto. Ahora bien, las condiciones
establecidas definen qué tipo de Nación estamos dispuestos a construir.
Por otra parte, se pretende sostener que el acuerdo
posibilitaría atraer millonarias inversiones y reducir el costo de
endeudamiento futuro. De estos dos factores no hay certidumbre, es más, frente
al ciclo económico vigente, difícilmente se presenten nuevas inversiones con un
mercado interno deprimido y en un contexto económico internacional en crisis
desde 2008.
Para la Alianza Cambiemos, el acuerdo es
fundamental para su política económica. Sin acuerdo no tienen rumbo, esta es su
“bala de Plata”. Sin deuda no hay política económica neo-liberal.
Por ello comprendemos que este acuerdo
no es más que retomar la senda del endeudamiento irrestricto. Los pasos son
conocidos. Endeudamiento externo que trae nuevos aires de corto plazo pero que
en mediano término es preciso devolver. Para ello es necesario tener recursos a
disposición, que se generan con mayores ingresos o menos gastos. O bien,
nuevamente tomar deuda para refinanciarse.
Con lo cual, Argentina vuelve a generar
deuda para pagar la actual con nuevos intereses, nuevas comisiones para estos
bancos intermediarios y posiblemente nuevos conflictos a futuro que estos
nuevos –o no tan nuevos - acreedores puedan ocasionarle al país.
En definitiva, salir al mercado de
deuda, sin un plan económico consolidado, no es más que retomar directamente la
política económica liberal de dependencia. Con ella se favorecen los sectores
dominantes, el mercado financiero local y extranjero. Indudablemente, se
perjudica a la mayor parte de la población y se restringe el crecimiento
genuino con inclusión social.
Nuestro país, a pesar del esfuerzo
descomunal que gestó en estos últimos años se encuentra próximo a reabrir un
nuevo capítulo en la triste historia del endeudamiento y del sometimiento
internacional. Porque en el fondo no se trata sólo del pago y el arreglo con
los fondos buitres; sino que se pretende poner en pie una mirada particular de
la economía, una economía que se pone al servicio del capital y de sus
intereses. Nosotros creemos que es la economía la que debe servir al hombre, no
a la inversa. El rumbo de nuestra economía sigue en disputa. El camino que
recorreremos los próximos años como Nación, también.
