La coyuntura política actual está atravesada por dos conflictos casi excluyentes: el enfrentamiento entre CFK y Scioli y el enfrentamiento entre CFK y Moyano. Obviamente, ambos conflictos están muy relacionados, porque se dan al interior del justicialismo, y están vinculados a la sucesión en la CGT y a la sucesión política en 2015. Pero, además, estos dos conflictos tienen una ligazón más profunda, que expresa algunas de las contradicciones que emergen en el desarrollo del patrón de acumulación que impulsa el kirchnerismo y por eso permiten vislumbrar tareas pendientes que habría que encarar en pos de lograr un país con mayor justicia social, soberanía política e independencia económica, para citar el clásico tridente peronista. Proponemos leer la actual coyuntura política acercándonos a través de dos problemáticas: la reforma fiscal y la reforma sindical, que son dos caras de un mismo problema: la redistribución de la riqueza. Vamos por partes.
Tanto el conflicto de CFK con Scioli como con Moyano son conflictos que expresan tensiones que vienen de hace tiempo atrás al interior de la disputa política del justicialismo. Siempre estuvieron fogoneados por la prensa y las fuerzas políticas opositoras, pero no terminaban de hacerse realidad hasta hoy. El primero en estallar fue el conflicto con Moyano, vinculado a la sucesión de la CGT que debe renovar autoridades a partir del 14 de julio. El kirchnerismo, al igual que lo hizo con la CTA en 2010, intervino fuerte en el conflicto, y ante la imposibilidad de imponer un candidato más afín a sus necesidades políticas actuales, apostó a la fractura. Hoy ya podemos decir de hecho que hay cinco centrales sindicales: CGT Moyano, CGT oficialista, CGT Azul y Blanca, CTA Micheli y CTA Yasky. De más está decir que esta fragmentación es funcional a los intereses del empresariado, que tiene una mejor posición relativa para negociar frente a los trabajadores en la medida que se fragmenta su representación y que se abren conflictos por su legalidad. Pero esta es una verdad relativa. Simplificando un poco, las centrales sindicales, como está armado el sistema sindical en nuestro país, son meros agrupamientos políticos que no intervienen en la instancia fundamental del conflicto entre capital y trabajo: las negociaciones paritarias y la firma de convenios colectivos de trabajo. El que interviene en esa disputa central es el sindicato único por rama de actividad, que es la base del sistema sindical. Las centrales obreras tienen una importancia fundamental como polos de acumulación política, pero sólo intervienen en disputas institucionales importantes pero menores como la discusión por el salario mínimo vital y móvil. No intervienen directamente en el conflicto básico entre capital y trabajo. Es por eso que la discusión no se ocupa de la representación sindical básica y se centra toda la atención en la representación más global que se encarna de la central obrera, porque lo que está en discusión es cómo se agrupan políticamente unos y otros, y no cómo representar mejor los intereses de los trabajadores en su conjunto.
En la historia del peronismo, la importancia de la central obrera como polo de acumulación política es lo que dio origen a la expresión “el movimiento obrero es la columna vertebral del justicialismo”. Es decir, la CGT en el esquema peronista clásico sirve como apoyo político fundamental al servicio de la acumulación política del movimiento peronista, antes que como expresión orgánica de la clase trabajadora. Esto es tan cierto para el kirchnerismo en la actualidad, como lo fue para Menem. Se supone que es el gobierno peronista, apoyado incondicionalmente por dicha central, el que zanja la disputa con el capital en favor de los trabajadores, dejando al movimiento obrero en un lugar de subordinación política y obturando una representación cabal de los intereses y las realidades de los trabajadores.
Esto necesariamente nos debe hacer reflexionar sobre la relación entre la representación sindical como está configurada hoy con y las condiciones materiales de existencia de los trabajadores. Hoy la representación sindical expresa a un segmento importante pero acotado de los trabajadores: aquellos que se encuentran bajo convenio colectivo de trabajo. Los trabajadores desocupados, los informales, los cuentapropistas, los de la economía social, los jubilados, los que no tienen convenio colectivo, no tienen representación en el sistema sindical. Además, los niveles de representación de base –proporción de delegados en lugar de trabajo- son bajísimos, el pluralismo es inexistente porque no se incluyen a las minorías en la conducción de los sindicatos únicos por rama de actividad, los mandatos son renovables de manera ilimitada lo que favorece la disociación entre dirigencia y base, la elección de la representación de la CGT se da de manera indirecta, etc. En definitiva, tenemos un modelo sindical que expresa mal a la realidad de la clase trabajadora, que es cada vez más heterogénea en sus condiciones de trabajo, de contratación, y de nivel de ingreso.
Una adecuada representación sindical de los trabajadores es la herramienta fundamental para plantearse un proceso de redistribución de la riqueza en el país a favor de estos. Hoy esa representación autónoma está obturada por un sistema sindical que está mostrando su agotamiento y que requiere de una reforma estructural, y de una profunda renovación de su dirigencia que, pese a todo, se va dando de manera soterrada y trabajosa a través de la elección de delegados de base y la conformación de nuevas juntas internas.
Este agotamiento se expresa, como dijimos, en e creciente defasaje entre la representación sindical y las condiciones de vida de los trabajadores. Esto se ve claramente en el caso de Moyano que pese a tener una aceptación elevada entre los trabajadores formales está apunto de perder la dirección de la CGT en manos de una alianza que incluye de manera preponderante a los sindicalistas que apoyaron al menemismo en el proceso de desguase del estado y de desindustrialización. Pero también se ve el defasaje en que el mismo Moyano pone como punta de lanza de sus reclamos el tema de los topes salariales (mínimo no imponible y asignaciones familiares), que afecta a un segmento minoritario de los trabajadores, y deja para mucho más atrás cuestiones más globales como la informalidad y la precariedad.
Hay muchas alternativas para pensar esta posible reforma sindical, no es acá el lugar para discutirlas, pero necesariamente deben hacerse en función de adecuar esa representación a la realidad heterogénea de los trabajadores, aumentar el pluralismo, la representación de las minorías y la participación de los delegados de base, incluir a los trabajadores jubilados, informales y desocupados, y en pos de buscar una mayor autonomía de la representación de los trabajadores de los gobiernos de turno.
Como dijimos la reforma sindical es central para plantear una disputa profunda por la redistribución de la riqueza. Es la herramienta que puede apuntalar y acompañar los cambios necesarios para ello. Uno de las principales tareas pendientes para esta redistribución de la riqueza es la reforma fiscal. El “pacto fiscal” es por definición lo que determina las pautas de redistribución de la riqueza generada en un país. Obviamente, después son las demás políticas públicas las que determinan cómo se redistribuye: si para sostener la demanda agregada y el consumo popular, o para asegurar la rentabilidad de los empresarios, o para asegurar la renta financiera y el pago de la deuda, entre otras. Pero el esquema de recaudación es el hecho fundamental en términos de redistribución: a quién se le saca y cuánto para solventar el gasto público.
El kirchnerismo fue muy renuente a modificar las pautas generales del pacto fiscal vigente en el país. Lo que sí se permitió es superponer algunas herramientas, que combinaban gran capacidad de recaudación con discrecionalidad en la orientación del gasto, por ubicarse por fuera del esquema de la coparticipación federal. Este es el caso paradigmático de los derechos de exportación (retenciones), que fueron una de las principales cajas que financiaron la política pública del kirchnerismo en estos años.
Pero, como dijimos no se modificaron los elementos básicos de la estructura tributaria del país: no se tocó la alícuota del IVA, no se modificaron sustancialmente el esquema de pago de ganancias (salvo la eliminación de la “tablita de Machinea”), no se modificó el pacto de coparticipación que debería haberse modificado en 1996, no se aumentó el impuesto a la propiedad privada inmueble, etc.
El pacto fiscal está mostrando sus graves limitaciones en el conflicto entre CFK y Scioli. Desde ya que este conflicto expresa con toda crudeza el problema de la sucesión de CFK: el kirchnerismo no concibe la posibilidad de eligir un sucesor para CFK, mientras que la única alternativa para su re-reelección es reformar la Constitución, y para ello requiere una excelente elección en 2013, que le asegure presencia mayoritaria de “tropa propia” e las cámaras. Ahí está la explicación de este conflicto anticipado por la sucesión que se desató con Scioli y también la explicación de por qué se marginó al movimiento obrero liderado por Moyano en la confección de las listas en 2011.
Pero, este conflicto político se sustenta en elementos estructurales reales: ya no alcanzan los recursos que recauda el Estado para financiar una estrategia de desarrollo económico que permita seguir generando empleo y aumentando el nivel de los salarios en un contexto de crisis internacional. Esto se agrava porque el esquema de coparticipación de los recursos somete a los gobernadores y municipios a una limitación económica estructural y a una dependencia absoluta de los favores económicos de la Nación. Esta dependencia, que le sirvió al kirchnerismo para disciplinar a los gobernadores e intendentes mientras tuvo recursos para distribuir, en un contexto de “vacas flacas” está empezando a generar gran conflictividad social en los territorios, que no le “salen gratis” a CFK, y que amenazan con minar su legitimidad social.
La reformulación del pacto fiscal y de la coparticipación federal son tareas ineludibles en el mediano plazo para generar los recursos necesarios que requiere una estrategia de desarrollo como la señalada. El IVA es una de las principales fuentes de recaudación, y es el impuesto más regresivo, que impacta mas en lo que menos tienen. El impuesto a las ganancias está completamente distorsionado por las modificaciones parciales, debe ser reformulado como un impuesto a los altos ingresos, que no deje exentas a las ganancias financieras, al juego y otras rentas, pero que tampoco se coma el salario de los trabajadores de ingresos medios. La coparticipación federal debe incorporar un sistema de actualización periódica real, hoy en día la ley está virtualmente bloqueada porque requiere del apoyo unánime de todas las provincias, un verdadera quimera política. Estos temas y muchos más deberían incluirse en dicha reforma fiscal.
Por eso, para concluir, es que reforma sindical y reforma fiscal son dos caras de una misma moneda y marcan uno de los caminos posibles para encarar las transformaciones sociales y económicas que necesita nuestro país. Sin reforma fiscal es imposible pensar financiar una estrategia de desarrollo económico y social autónomo, que asegure el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de las mayorías. Pero, sin un movimiento obrero organizado autónomo y que represente a los trabajadores en toda su heterogeneidad, es imposible pensar en apuntalar esa reforma fiscal, garantizar que represente los intereses del conjunto de los trabajadores, y acompañarla con la movilización social que requiere, que tendrá que enfrentar las resistencias de las corporaciones empresariales y políticas tradicionales, que no van a relegar sus privilegios amablemente.
