La compañera Claudia Neira (@NeiraClaudia) aporta algunas lineas en referencia a los últimos sucesos vinculados al aborto no punible y los alcances y límites del Derecho Penal para resolver los temas de política social.
El debate sobre la
legislación del protocolo de implementación del aborto no punible lleva
implícita esta idea acerca del rol “todopoderoso” del Derecho Penal. Sin embargo la realidad demuestra que esto no sólo no es así sino que el Estado posee otras herramientas para abordar más eficazmente las problemáticas sociales.
En efecto, lo que soslaya este debate formal es la intencioanlidad de ampliar los márgenes de la prohibición mediante las formas en que se aplican los casos de excepción a la pena, normado por la ley penal.
En este sentido, quienes se oponen hoy a la implementación de este protocolo (acordado por la oposición al macrismo) le adjudican a la pena un carácter mágico y tranquilizador: cuanto más abarque, mejor.
Sin embargo, nadie se pregunta cuál es el fin de extender la prohibición, aún por sobre los límites definidos por la propia norma, naturalizando la idea de venganza asociada a la sanción penal.
Así, la pena aparece como píldora para tranquilizar las conciencias, cuando se encuentra cabalmente demostrado que no tiene - para el caso del aborto- efecto disuasivo alguno. Si lo tuviera, en la Argentina no se producirían a diario más de mil abortos clandestinos -tanto en situaciones sanitarias riesgosas para el caso de las mujeres más vulnerables, como en perfectas condiciones médicas en sanatorios privados para el caso de aquellas mujeres que pueden pagarlo.
Actualmente, nadie puede plantear que la existencia de una norma penal disuada a una mujer de realizarse un aborto si ha tomado esa decisión, porque la interrupción del embarazo no es un hecho buscado sino adoptado como solución frente a una situación no querida. Esta ampliación de la pena que promueven determinados sectores conservadores, renueva entonces la hipocresía que pretende velar aquello que ocurre a diario en nuestra sociedad y de lo cual preferimos no hablar, no hacernos cargo ni ocuparnos de forma alguna, sino relegándolo al plano de la responsabilidad individual.
Mediante la persecución penal sólo se genera desigualdad en las condiciones de seguridad para el acceso al aborto de las mujeres según sus posibilidades económicas, poniendo en riesgo de perder la vida. En este caso en particular, entonces, el derecho penal funciona penalizando y victimizando doblemente a las mujeres, por el hecho de ser mujeres y pobres.
Ahora bien, una pena que no logra prevenir la acción que sanciona, más que pena es venganza. ¿Pueden entonces, quienes plantean la oposición a la despenalización del aborto desde una concepción ética, sostener una política que no logra disuadir lo que se pretende prevenir? Lejos de una mirada moderna y democrática del rol de la Justicia, se refuerzan las corrientes retrógradas que nos llevan a la bíblica Ley del Talión. El derecho penal no disminuye abortos, sostiene la persecusión a las mujeres pobres y no evita sus muertes.
Es por ello que la Corte Suprema de Justicia, en su fallo del 13 de marzo pasado, sostiene que la interrupción del embarazo en los casos previstos por el Código Penal no está supeditada a la intervención judicial. La Justicia no puede estar al servicio de la obstaculización de un derecho consagrado (aunque algunos grupos conservadores pretendan negarlo) y por ello la Corte Suprema ha instado a los gobiernos jurisdiccionales a desarrollar protocolos de intervención para estos casos. Es decir, el Poder Judicial afirma que esta situaciones deben ser tratadas en el ámbito de la política pública.
Entonces, desde una perspectiva de derechos se puede definir que el Estado debe, frente a situaciones complejas como ésta, salir rápidamente de la anestesia efímera que produce la respuesta penal y adoptar políticas públicas que realmente disminuyan la cantidad de abortos.
Sin embargo, no es la
única solución: garantizar el aborto legal, seguro y gratuito es
permitir que una decisión tan compleja no esté condicionada y no se tome en un contexto de victimización y
humillación innecesaria de las mujeres.
Es por eso que hoy en la Ciudad, el veto de Macri indica no ya un posicionamiento ideológico de corte conservador sino, lo que es más grave, deja a la Ciudad de Buenos Aires inerme de soluciones y políticas eficaces para evitar la revictimización de la mujer ante este tipo de situaciones, escondiendo nuevamente una realidad que algunos preferen negar.
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