Hoy pensamos en Chavez

Nos empiezan a llegar los comentarios y reflexiones de los compañeros y amigos, en esta oportunidad un breve escrito de @TomasGuevara, para seguir tirando un centro a la discusión.

Nuevos horizontes para el cambio social

Por Tomás Guevara

Más allá de los puntos y las comas, las contradicciones y las limitaciones de todo proyecto político, creo que lo más importante de Chávez es que volvió a generar una perspectiva real de cambio social en América Latina. Esto vale tanto para la generación que nació bajo el neoliberalismo, cuando se postulaba “el fin de la historia”, como para los que habiendo conocido otras utopías y horizontes, los habían perdido bajo el peso de las derrotas históricas. Y esta perspectiva de cambio social es necesariamente regional, nunca tan sólo nacional. Este es otro de los legados profundos de Chávez, que recupera las mejores tradiciones políticas de América Latina. Esta perspectiva de cambio social va a perdurar por mucho tiempo, más allá incluso de lo que pueda suceder con el gobierno bolivariano en estos meses de transición tan decisivos. Esto es tal vez lo que no terminan de darse cuenta las derechas de todo tipo en Venezuela y en otros países de la región, que se relamen en este momento aciago para las mayorías populares. Se abrió un nuevo horizonte político para el avance popular en América Latina. Puede haber retrocesos, contradicciones, conflictos, pero hay un norte hacia donde caminar, eso es lo fundamental. Y Chávez fue uno de los faros decisivos en la apertura de ese horizonte. 

En otro nivel, mucho menos relevante y estrictamente vinculado a la escena política local, es ilustrativo también analizar los primeros reflejos de la dirigencia en nuestro país ante esta pérdida. La sensibilidad para entender un proceso de cambio en un país hermano y sus implicancias regionales aclaran un poco los tantos sobre quién es quién y desde dónde se para.

Hoy lloramos a Chavez

Producto de una enfermedad que lo ha obligado a batallar durante dos largos años, el día martes 5 de marzo falleció el Presidente Hugo Chavez Frías. Un líder popular que ha ocupado un rol fundamental en la reconstrucción de la Patria Grande, de una Latinoamérica unida y libre. 

En este momento, nos sentimos parte de una generación que ha sido contemporánea de un  hombre que ha honrado a su pueblo hasta el día de su muerte y que ha sido guía de las transformaciones más importantes de la región en las últimas décadas.

Por eso, desde la Corriente 20/21 creemos importante abrir un espacio de intercambio donde podamos hacer llegar nuestras opiniones, pensamientos y sentires, de lo que significa para nosotros y para la región la figura de Chavez. 

En esta oportunidad, nuestra compañera @NeiraClaudia nos arrima estas lineas que leemos a continuación.

Hoy lloramos a Chavez

Por Claudia Neira

Sufrimos desde lo más profundo este ensañamiento de la historia con aquellos que aquellos que se atrevieron a torcer el destino trágico que algunos pretenden para América Latina.

En Venezuela, Chávez trabajó por el socialismo del siglo XXI. En América Latina, fue el gran vertebrador de la unidad latinoamericana. 

Entendió como nadie los caminos diversos que recorren los pueblos para avanzar en su emancipación. Fue respetuoso de esas experiencia y apostó, por sobre todas las cosas, a construir la emancipación, desde la unidad de los pueblos.

Chávez hizo historia y nos permitió ser parte de un instante de felicidad.  No olvidaremos nunca ese día de lluvia en que nos dijo: “Cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata, está la tumba del ALCA…ALCA..ALCA..ALCArajo”. 

Muchos lo lloramos. Sin embargo, como suele ocurrir, algunos eligen recortar aquellos aspectos de Chávez que prefieren soslayar. 

Nosotros, en cambio, elegimos llorarlo de manera absoluta, completa, sin reservas.  Lo lloramos por socialista y, como le gustaba decir, por peronista. Lo lloramos por su valentía en la lucha, pero también por su inmensa capacidad de dejar los dogmatismos de lado a la hora de construir unidad. 

Es esa capacidad enorme de construir, sin pelearse con la realidad,  una política irreverente frente a los poderes económicos y políticos - una carcajada de los más humildes en la cara de los poderosos- lo que algunos no perdonan. Otros, prefieren no mirar ese Chávez y recordar a un líder hecho a medida. Claro, es más cómodo aferrarse a la utopía que construir realidades.

Hoy, una vez más, cada insulto, la ofensiva alegría de los que odian nos recuerda que somos parte de un país donde se dijo “viva el cáncer” y nos obliga a elegir, una y mil veces, cuál es el lugar que queremos ocupar en esta página de la historia. Y también donde no estaremos jamás, nunca.

Pero por sobre todas las cosas, somos concientes que Chávez vino a despertar la memoria de los pueblos, las conciencias dormidas. Vino para que exista un Kirchner, un Lula, un Evo, un Correa y cada uno de los líderes que van tomando la posta en nuestros países, con sus distintas experiencias, con sus matices…pero por sobre todas las cosas, vino para que existamos cada uno de nosotros, como guardianes de lo que se logró, para que nadie pueda desandar el camino, para que no se pueda retroceder ni un paso…para que su muerte nos ayude a definir, de modo irrevocable, que es hora de seguir adelante.

Preludios del #7D

Auspiciando el debate del lunes próximo, el compañero @TomasGuevara nos trae unas notas para seguir profundizando el análisis respecto a las consecuencias de la aplicación plena  de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Se abre entonces el debate, pasen y lean (y siempre opinen, opinen, opinen!)

Cualquiera que agarre un diario, prenda la tele en los programas de noticias o escuche un rato la radio habrá tomado nota de las fechas, con su nueva forma de denominarse, que se extienden como plaga en el almanaque de nuestra realidad política: 13S, 8N, 20N, 7D, ahora apareció el 15D, etc. Es una forma bastante poco feliz de interpretar los hechos, porque tiende a estancarse en las fotos, las instantáneas, y nubla los procesos que son, además de más interesantes, los que realmente permiten aproximarse a algo parecido a una comprensión de lo que sucede en nuestra realidad cotidiana. Las fotos también ayudan, obvio. Son sintéticas, condensan muchos elementos, pero sólo si son puestas adecuadamente en contexto. De lo contrario, se incurre en un error en el que cae recurrentemente el periodismo: elevar sistemáticamente las fotos a la categoría de procesos. Ejemplo: Moyano por X motivo coincide en un evento con Macri e inmediatamente se postula una alianza política. Para cualquier que mire el proceso en su totalidad es ridículo postular esto: Moyano se viene sacando fotos con dirigentes de todo tipo y pelaje desde que rompió con el kirchnerismo, como forma de ampliar sus espaldas políticas. No obstante, nada indica que vaya a sacar los pies del plato del peronismo, por el momento es ahí donde realmente quiere jugar sus fichas.

En este contexto, pareciera que todo lo que viene pasando desde que la Corte Suprema fijara la fecha está puesto en referencia con el famoso 7D, al punto tal que todo termina interpretándose en función de esa batalla, definida por oficialismo y gran parte de la oposición, como la madre de todas las batallas. Personalmente me tiene harto este planteo, no porque crea que carezca de importancia como disputa, sino porque es una “delimitación de la cancha” que me parece que es funcional a determinados intereses que no son exactamente los intereses de las grandes mayorías de este país. Es una foto que no termina de sumar, porque está puesta fuera de contexto.

Por una (gran) parte, la relevancia del 7D releva la importancia de los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas, una obviedad. Claramente, una disputa contra un medio de comunicación, sea cual fuere, no hubiera tenido esta relevancia hace 50 años. No porque no existiese la dialéctica entre el gobierno y los medios, o la política y los medios, sino porque estos últimos no tenían el rol preponderante que tienen hoy.

Pero, esto no termina de explicar la notoriedad que ha tomado esta fecha. En términos del sistema de medios, es indiscutible la trascendencia de la disputa que puede tener un gobierno con un grupo económico como Clarín, que detenta una posición dominante tan exagerada en el mercado de medios audiovisuales. Y no sólo este gobierno, cualquiera. Los gobiernos, nos gusten más o nos gusten menos, tienen procesos de legitimación, pasan por elecciones, tienen mandatos acotados, etc. Permitir la existencia de un grupo económico, ya sea de medios o de cualquier otro sector, con un poderío tal que pueda condicionar el accionar de un gobierno va en contra de cualquier principio democrático. No hace falta ser socialista, comunista, ni siquiera de centro izquierda o “progre” para estar en contra de los monopolios o los oligopolios. De hecho, por ejemplo, EEUU hace décadas que tiene legislación antimonopólica, que se ha aplicado con dispar suerte.

Dicho esto, es innegable que mucho han hecho los sucesivos gobiernos por cimentar y acrecentar el poderío de Clarín. Sólo como ejemplos, la privatización de Canal 13 que Menem le entregó al grupo Clarín y la autorización de la fusión de Cablevisión y Multicanal realizada por Kirchner, casualmente un 7D de 2007. Pero la lista es interminable, incluyendo la todavía no del todo clarificada –al menos en sede judicial- adquisición del paquete accionario de Papel Prensa durante la dictadura, una de las claves del crecimiento del grupo económico.

Entonces, si los medios cumplen un rol central en las sociedades de hoy y, si es a todas luces correcto enfrentarse a un oligopolio tan desmesurado y pretender la desconcentración en dicho mercado, ¿por qué afirmar que el 7D como viene planteado parece responder a intereses que no son los de las grandes mayorías? Justamente porque en la delimitación de la cancha no aparecen las mayorías, la antinomia planteada en este tiempo es Gobierno vs Clarín o, en la formulación más genérica de los kirchneristas, Gobierno vs Corporaciones.

Así planteado, los intereses de las mayorías populares sólo estarían contemplados siempre y cuando consideremos, en todo momento y lugar, al Gobierno como un fiel intérprete de los intereses de esas mayorías. Esta hipótesis, postulada por los oficialistas, tiene varios problemas.

En primer lugar, abreva en una concepción liberal de la política, en varios sentidos. En un sentido, entiende al Estado por fuera de cualquier disputa de clase, como una especie de gran árbitro de la sociedad, que responde o vela por el bien común, bien común que coincidiría en gran medida con el bienestar de las mayorías. En otro sentido, porque cierra filas con una visión liberal de la política, donde las mayorías “no gobiernan ni deliberan sino a través de sus representantes”. Esta visión representativa estuvo en auge en estas últimas semanas, donde desde el gobierno y la oposición se afirmaba que las marchas y movilizaciones de las últimas semanas se explicaban por la falta de representación política. Algunos ejemplos. El Jefe de Gabinete, Abal Medina, afirmó que los caceroleros debían elegir un jefe político y esperar a las elecciones. El senador Luis Juez afirmó que las personas cuando se movilizan lo hacen porque no tienen alguien que los represente, en cuyo caso estarían en su casa y no en la calle. Es decir, las mayorías no intervienen en el debate, son actuadas, son interpretadas, son representadas. Extraña concepción para un gobierno que se denomina peronista, movimiento que entre otros muchos méritos tuvo la de dotar de protagonismo a esas mayorías, facilitarles la construcción de organizaciones propias como los sindicatos, permitirles cobrar una voz propia.

Desde esta concepción, ¿cuál es el rol de las mayorías en la confrontación del 7D? Apoyar incondicionalmente al Gobierno, que será el encargado de garantizar sus intereses. Creo que esta concepción es problemática, aún si uno tiene una visión positiva del kirchnerismo, o de cualquier otro gobierno. No es concebible ningún avance social transformador si no hay un proceso de movilización social empujando en ese sentido. Creo que, en gran medida, el estancamiento reciente del kirchnerismo y algunos errores gruesos se explican, no sólo por los problemas económicos que lo acucian, sino porque terminó por “freezar” el impulso social que hizo posible su propia emergencia como experiencia política, al que supo interpretar hasta cierto punto. Hoy, por fuera del 7D, en el mejor de los casos, la movilización política que sustenta el kirchnerismo sólo puede postular la re-reelección de CFK como programa político en sí mismo. Ni siquiera aparecen ya las alusiones a la “profundización del modelo”. Esta situación no puede durar mucho más. En esto tienen gran responsabilidad los dirigentes y militantes kirchneristas que se limitan a postular la continuidad de una conducción política, como si esta conducción fuera una garantía en sí misma de la orientación del proceso.

La conducción política de los procesos de transformación no puede entrar en un impasse eterno, porque la propia dinámica del proceso social se lo impide. O sigue avanzando sostenidamente en pos de mayores grados de cambio social –como viene haciéndolo Chávez- o es abortada por la reacción –como le pasó a Perón en el ’45 o a Allende en el ’73- o se vuelve en sí misma conservadora y permite la emergencia de una conducción resistente en la oposición, que pugne por la continuación del proceso de cambio –como pasó con Alfonsín o con la Alianza y en infinidad de veces más con amagues de procesos de cambio en la región.  Se puede bajar un cambio, se pueden reformular algunas cuestiones, se puede sufrir algunos retrocesos, pero tarde o temprano se impone alguna de estas tres resoluciones. No hay “tiempo muerto” en los procesos de cambio que pueda durar demasiado.

Además, esta concepción de la política representativa va a contrapelo de las experiencias más interesantes de la región, que reconocen a los movimientos sociales, expresión política que por definición rebasa las instituciones políticas formales, como uno de los puntales principales de los procesos en curso y buscan mecanismos para ampliar la participación popular en las decisiones y debates públicos. Como bien lo formula García Linera, es la dialéctica entre Estado y Movimiento Sociales uno de los ejes centrales que se desarrollan en la región y que explican el avance o el retroceso de estos procesos.

Acá es donde se empieza a vislumbrar por qué el 7D como está planteado no sirve a las mayorías. Como está planteado, sirve principalmente a los intereses de un Gobierno en busca de revitalizar su conducción política en un sentido transformador, al tiempo que busca ocultar los problemas y contradicciones que afloran en la coyuntura económica actual. Sería positivo para el país y para las mayorías que consiga revitalizar su impulso transformador, pero sería de todas maneras un triunfo limitado y temporal. Sería sólo una foto, fuera de contexto. ¿Después del 7D qué? ¿Cuál es el la hoja de ruta de este proceso en curso? Si la disputa es con las corporaciones, hace rato se tendría que haber planteado conflictos con las cerealeras, con las mineras, con las cadenas de hipermercados, con las empresas concentran la producción de insumos claves –como cemento, envases plásticos-, etc. ¿O es que van a plantearse después del 7D? El 7D como está planteado es funcional a una lógica representativa y liberal de la política que no permite seguir avanzando en un sentido transformador y termina adquiriendo un tinte conservador en términos políticos.

Creo que el 7D debería ser reformulado para que sea productivo, no como una disputa entre el Gobierno y las corporaciones económicas, sino como una disputa entre el Pueblo y las corporaciones económicas, de donde se deriva toda una hoja de ruta que tiene que empezar a plantear discusiones centrales vinculadas a la concentración y extranjerización de la economía argentina y a la vigencia del lastre de la deuda externa como ancla de un proceso de desarrollo autónomo. Deuda que requiere revisión y reformulación de sus condiciones de pago –empezando por la aceptación de jurisdicción extranjera. Y creo que todos los dirigentes y militantes, kirchneristas o no kirchneristas, harían bien en darse cuenta que esta disputa contra las corporaciones económicas ha de desarrollarse independientemente del Gobierno de turno. Y que si este Gobierno no está dispuesto a seguir avanzando en pos de mayores grados de independencia económica, soberanía política y justicia social –para apelar a la trilogía peronista- el pueblo habrá de darse una nueva conducción, una nueva expresión institucional. Entendiendo que el aparato del Estado y la orientación de las políticas públicas son una herramienta fundamental e irremplazable en los procesos de cambio. Y que la forma más eficaz, pero no la única, para definir la orientación del Estado y las políticas públicas es ocupar los lugares institucionales con representantes de la movilización que les da sustento. Pero, la vinculación entre este Gobierno y dicho movimiento social, incluso el Gobierno más genuinamente representativo del proceso social en curso, no puede intentar congelar la dinámica de cambio y tiene que saber conducir en el marco de las contradicciones y la dialéctica que son inherentes a los procesos sociales. Y de nuevo para cerrar, teniendo en claro que en un proceso de cambio la conducción política no tiene alternativa: o avanza, o más temprano que tarde, deja serlo.

A dos años de la muerte de Nestor Kirchner

Hace dos años la muerte de Nestor Kirchner nos empujó a distintos  compañeros y compañeras a darnos un espacio para reflexionar sobre los acontecimientos de aquellos días. Un espacio que permitiera poner en palabras y que nos ayudara a comprender lo que venia sucediendo. 

Pasado ese tiempo, aprovechamos para volver sobre esas discusiones, qué clima se vivía, qué sensaciones recorrían nuestros cuerpos. 


Fueron muchos los textos que circularon por entonces. Por ello, elegimos siete que reflejan diferentes opiniones, perspectivas diferentes y heterogéneas.

Un espacio que hoy desde la Corriente 2021 sigue abierto para continuar recreando caminos y pensamientos. 



1. De duelos y utopías x Humberto "Pitu" Rodriguez 
2. 2010 el año que terminó la Dictadura Cívico Militar x Juan Manuel Dominguez Rotta
3. A proposito de Nestor Kirchner x Hugo Uhart
4. Tanta agua bajo el puente x Rodrigo Segovia

5. Reflexiones Domingueras x Claudia Neira

6.  Muertos Incomodos x Pablo Goldring

7. 27 de Octubre x Estefania Bari 



Si queres compartir con nosotros tus balances de aquellos dias, mandanos un mail a publicacion2021@gmail.com

Aborto y los límites de la pena

La compañera Claudia Neira (@NeiraClaudia) aporta algunas lineas en referencia a los últimos sucesos vinculados al aborto no punible y los alcances y límites del Derecho Penal para resolver los temas de política social.

El debate sobre la legislación del protocolo de implementación del aborto no punible lleva implícita esta idea acerca del rol “todopoderoso” del Derecho Penal. Sin embargo la realidad demuestra que esto no sólo no es así sino que el Estado posee otras herramientas para abordar más eficazmente las problemáticas sociales.

En efecto, lo que soslaya este debate formal es la intencioanlidad de ampliar los márgenes de la prohibición mediante las formas en que se aplican los casos de excepción a la pena, normado por la ley penal. 

En este sentido, quienes se oponen hoy a la implementación de este protocolo (acordado por la oposición al macrismo) le adjudican a la pena un carácter mágico y tranquilizador: cuanto más abarque, mejor.

Sin embargo, nadie se pregunta cuál es el fin de extender la prohibición, aún por sobre los límites definidos por la propia norma, naturalizando la idea de venganza asociada a la sanción penal. 

Así, la pena aparece como píldora para tranquilizar las conciencias, cuando se encuentra cabalmente demostrado que no tiene - para el caso del aborto- efecto disuasivo alguno. Si lo tuviera, en la Argentina no se producirían a diario más de mil abortos clandestinos -tanto en situaciones sanitarias riesgosas para el caso de las mujeres más vulnerables, como en perfectas condiciones médicas en sanatorios privados para el caso de aquellas mujeres que pueden pagarlo.

 

Actualmente, nadie puede plantear que la existencia de una norma penal disuada a una mujer de realizarse un aborto si ha tomado esa decisión, porque la interrupción del embarazo no es un hecho buscado sino adoptado como solución frente a una situación no querida. Esta ampliación de la pena que promueven determinados sectores conservadores, renueva entonces la hipocresía que pretende velar aquello que ocurre a diario en nuestra sociedad y de lo cual preferimos no hablar, no hacernos cargo ni ocuparnos de forma alguna, sino relegándolo al plano de la responsabilidad individual.

Mediante la persecución penal sólo se genera desigualdad en las condiciones de seguridad para el acceso al aborto de las mujeres según sus posibilidades económicas, poniendo en riesgo de perder la vida. En este caso en particular, entonces, el derecho penal funciona penalizando y victimizando doblemente a las mujeres, por el hecho de ser mujeres y pobres.

Ahora bien, una pena que no logra prevenir la acción que sanciona, más que pena es venganza. ¿Pueden entonces, quienes plantean la oposición a la despenalización del aborto desde una concepción ética, sostener una política que no logra disuadir lo que se pretende prevenir? Lejos de una mirada moderna y democrática del rol de la Justicia, se refuerzan las corrientes retrógradas que nos llevan a la bíblica Ley del Talión. El derecho penal no disminuye abortos, sostiene la persecusión a las mujeres pobres y no evita sus muertes.

Es por ello que la Corte Suprema de Justicia, en su fallo del 13 de marzo pasado, sostiene que la interrupción del embarazo en los casos previstos por el Código Penal no está supeditada a la intervención judicial. La Justicia no puede estar al servicio de la obstaculización de un derecho consagrado (aunque algunos grupos conservadores pretendan negarlo) y por ello la Corte Suprema ha instado a los gobiernos jurisdiccionales a desarrollar protocolos de intervención para estos casos. Es decir, el Poder Judicial afirma que esta situaciones deben ser tratadas en el ámbito de la política pública.

Entonces, desde una perspectiva de derechos se puede definir que el Estado debe, frente a situaciones complejas como ésta, salir rápidamente de la anestesia efímera que produce la respuesta penal y adoptar políticas públicas que realmente disminuyan la cantidad de abortos.

Sin embargo, no es la única solución: garantizar el aborto legal, seguro y gratuito es permitir que una decisión tan compleja no esté condicionada y no se tome en un contexto de victimización y humillación innecesaria de las mujeres.

Es por eso que hoy en la Ciudad, el veto de Macri indica no ya un posicionamiento ideológico de corte conservador sino, lo que es más grave, deja a la Ciudad de Buenos Aires inerme de soluciones y políticas eficaces para evitar la revictimización de la mujer ante este tipo de situaciones, escondiendo nuevamente una realidad que algunos preferen negar.

Reforma fiscal y reforma sindical. Dos caras de la misma moneda y un camino a transitar

La coyuntura política actual está atravesada por dos conflictos casi excluyentes: el enfrentamiento entre CFK y Scioli y el enfrentamiento entre CFK y Moyano. Obviamente, ambos conflictos están muy relacionados, porque se dan al interior del justicialismo, y están vinculados a la sucesión en la CGT y a la sucesión política en 2015. Pero, además, estos dos conflictos tienen una ligazón más profunda, que expresa algunas de las contradicciones que emergen en el desarrollo del patrón de acumulación que impulsa el kirchnerismo y por eso permiten vislumbrar tareas pendientes que habría que encarar en pos de lograr un país con mayor justicia social, soberanía política e independencia económica, para citar el clásico tridente peronista. Proponemos leer la actual coyuntura política acercándonos a través de dos problemáticas: la reforma fiscal y la reforma sindical, que son dos caras de un mismo problema: la redistribución de la riqueza. Vamos por partes.

Tanto el conflicto de CFK con Scioli como con Moyano son conflictos que expresan tensiones que vienen de hace tiempo atrás al interior de la disputa política del justicialismo. Siempre estuvieron fogoneados por la prensa y las fuerzas políticas opositoras, pero no terminaban de hacerse realidad hasta hoy. El primero en estallar fue el conflicto con Moyano, vinculado a la sucesión de la CGT que debe renovar autoridades a partir del 14 de julio. El kirchnerismo, al igual que lo hizo con la CTA en 2010, intervino fuerte en el conflicto, y ante la imposibilidad de imponer un candidato más afín a sus necesidades políticas actuales, apostó a la fractura. Hoy ya podemos decir de hecho que hay cinco centrales sindicales: CGT Moyano, CGT oficialista, CGT Azul y Blanca, CTA Micheli y CTA Yasky. De más está decir que esta fragmentación es funcional a los intereses del empresariado, que tiene una mejor posición relativa para negociar frente a los trabajadores en la medida que se fragmenta su representación y que se abren conflictos por su legalidad. Pero esta es una verdad relativa. Simplificando un poco, las centrales sindicales, como está armado el sistema sindical en nuestro país, son meros agrupamientos políticos que no intervienen en la instancia fundamental del conflicto entre capital y trabajo: las negociaciones paritarias y la firma de convenios colectivos de trabajo. El que interviene en esa disputa central es el sindicato único por rama de actividad, que es la base del sistema sindical. Las centrales obreras tienen una importancia fundamental como polos de acumulación política, pero sólo intervienen en disputas institucionales importantes pero menores como la discusión por el salario mínimo vital y móvil. No intervienen directamente en el conflicto básico entre capital y trabajo. Es por eso que la discusión no se ocupa de la representación sindical básica y se centra toda la atención en la representación más global que se encarna de la central obrera, porque lo que está en discusión es cómo se agrupan políticamente unos y otros, y no cómo representar mejor los intereses de los trabajadores en su conjunto.

En la historia del peronismo, la importancia de la central obrera como polo de acumulación política es lo que dio origen a la expresión “el movimiento obrero es la columna vertebral del justicialismo”. Es decir, la CGT en el esquema peronista clásico sirve como apoyo político fundamental al servicio de la acumulación política del movimiento peronista, antes que como expresión orgánica de la clase trabajadora. Esto es tan cierto para el kirchnerismo en la actualidad, como lo fue para Menem. Se supone que es el gobierno peronista, apoyado incondicionalmente por dicha central, el que zanja la disputa con el capital en favor de los trabajadores, dejando al movimiento obrero en un lugar de subordinación política y obturando una representación cabal de los intereses y las realidades de los trabajadores.

Esto necesariamente nos debe hacer reflexionar sobre la relación entre la representación sindical como está configurada hoy con y las condiciones materiales de existencia de los trabajadores. Hoy la representación sindical expresa a un segmento importante pero acotado de los trabajadores: aquellos que se encuentran bajo convenio colectivo de trabajo. Los trabajadores desocupados, los informales, los cuentapropistas, los de la economía social, los jubilados, los que no tienen convenio colectivo, no tienen representación en el sistema sindical. Además, los niveles de representación de base –proporción de delegados en lugar de trabajo- son bajísimos, el pluralismo es inexistente porque no se incluyen a las minorías en la conducción de los sindicatos únicos por rama de actividad, los mandatos son renovables de manera ilimitada lo que favorece la disociación entre dirigencia y base, la elección de la representación de la CGT se da de manera indirecta, etc. En definitiva, tenemos un modelo sindical que expresa mal a la realidad de la clase trabajadora, que es cada vez más heterogénea en sus condiciones de trabajo, de contratación, y de nivel de ingreso.

Una adecuada representación sindical de los trabajadores es la herramienta fundamental para plantearse un proceso de redistribución de la riqueza en el país a favor de estos. Hoy esa representación autónoma está obturada por un sistema sindical que está mostrando su agotamiento y que requiere de una reforma estructural, y de una profunda renovación de su dirigencia que, pese a todo, se va dando de manera soterrada y trabajosa a través de la elección de delegados de base y la conformación de nuevas juntas internas.

Este agotamiento se expresa, como dijimos, en e creciente defasaje entre la representación sindical y las condiciones de vida de los trabajadores. Esto se ve claramente en el caso de Moyano que pese a tener una aceptación elevada entre los trabajadores formales está apunto de perder la dirección de la CGT en manos de una alianza que incluye de manera preponderante a los sindicalistas que apoyaron al  menemismo en el proceso de desguase del estado y de desindustrialización. Pero también se ve el defasaje en que el mismo Moyano pone como punta de lanza de sus reclamos el tema de los topes salariales (mínimo no imponible y asignaciones familiares), que afecta a un segmento minoritario de los trabajadores, y deja para mucho más atrás cuestiones más globales como la informalidad y la precariedad.

Hay muchas alternativas para pensar esta posible reforma sindical, no es acá el lugar para discutirlas, pero necesariamente deben hacerse en función de adecuar esa representación a la realidad heterogénea de los trabajadores, aumentar el pluralismo, la representación de las minorías y la participación de los delegados de base, incluir a los trabajadores jubilados, informales y desocupados, y en pos de buscar una mayor autonomía de la representación de los trabajadores de los gobiernos de turno.

Como dijimos la reforma sindical es central para plantear una disputa profunda por la redistribución de la riqueza. Es la herramienta que puede apuntalar y acompañar los cambios necesarios para ello. Uno de las principales tareas pendientes para esta redistribución de la riqueza es la reforma fiscal. El “pacto fiscal” es por definición lo que determina las pautas de redistribución de la riqueza generada en un país. Obviamente, después son las demás políticas públicas las que determinan cómo se redistribuye: si para sostener la demanda agregada y el consumo popular, o para asegurar la rentabilidad de los empresarios, o para asegurar la renta financiera y el pago de la deuda, entre otras. Pero el esquema de recaudación es el hecho fundamental en términos de redistribución: a quién se le saca y cuánto para solventar el gasto público.

El kirchnerismo fue muy renuente a modificar las pautas generales del pacto fiscal vigente en el país. Lo que sí se permitió es superponer algunas herramientas, que combinaban gran capacidad de recaudación con discrecionalidad en la orientación del gasto, por ubicarse por fuera del esquema de la coparticipación federal. Este es el caso paradigmático de los derechos de exportación (retenciones), que fueron una de las principales cajas que financiaron la política pública del kirchnerismo en estos años.

Pero, como dijimos no se modificaron los elementos básicos de la estructura tributaria del país: no se tocó la alícuota del IVA, no se modificaron sustancialmente el esquema de pago de ganancias (salvo la eliminación de la “tablita de Machinea”), no se modificó el pacto de coparticipación que debería haberse modificado en 1996, no se aumentó el impuesto a la propiedad privada inmueble, etc.

El pacto fiscal está mostrando sus graves limitaciones en el conflicto entre CFK y Scioli. Desde ya que este conflicto expresa con toda crudeza el problema de la sucesión de CFK: el kirchnerismo no concibe la posibilidad de eligir un sucesor para CFK, mientras que la única alternativa para su re-reelección es reformar la Constitución, y para ello requiere una excelente elección en 2013, que le asegure presencia mayoritaria de “tropa propia” e las cámaras. Ahí está la explicación de este conflicto anticipado por la sucesión que se desató con Scioli y también la explicación de por qué se marginó al movimiento obrero liderado por Moyano en la confección de las listas en 2011.

Pero, este conflicto político se sustenta en elementos estructurales reales: ya no alcanzan los recursos que recauda el Estado para financiar una estrategia de desarrollo económico que permita seguir generando empleo y aumentando el nivel de los salarios en un contexto de crisis internacional. Esto se agrava porque el esquema de coparticipación de los recursos somete a los gobernadores y municipios a una limitación económica estructural y a una dependencia absoluta de los favores económicos de la Nación. Esta dependencia, que le sirvió al kirchnerismo para disciplinar a los gobernadores e intendentes mientras tuvo recursos para distribuir, en un contexto de “vacas flacas” está empezando a generar gran conflictividad social en los territorios, que no le “salen gratis” a CFK, y que amenazan con minar su legitimidad social.

La reformulación del pacto fiscal y de la coparticipación federal son tareas ineludibles en el mediano plazo para generar los recursos necesarios que requiere una estrategia de desarrollo como la señalada. El IVA es una de las principales fuentes de recaudación, y es el impuesto más regresivo, que impacta mas en lo que menos tienen. El impuesto a las ganancias está completamente distorsionado por las modificaciones parciales, debe ser reformulado como un impuesto a los altos ingresos, que no deje exentas a las ganancias financieras, al juego y otras rentas, pero que tampoco se coma el salario de los trabajadores de ingresos medios. La coparticipación federal debe incorporar un sistema de actualización periódica real, hoy en día la ley está virtualmente bloqueada porque requiere del apoyo unánime de todas las provincias, un verdadera quimera política. Estos temas y muchos más deberían incluirse en dicha reforma fiscal.

Por eso, para concluir, es que reforma sindical y reforma fiscal son dos caras de una misma moneda y marcan uno de los caminos posibles para encarar las transformaciones sociales y económicas que necesita nuestro país. Sin reforma fiscal es imposible pensar financiar una estrategia de desarrollo económico y social autónomo, que asegure el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de las mayorías. Pero, sin un movimiento obrero organizado autónomo y que represente a los trabajadores en toda su heterogeneidad, es imposible pensar en apuntalar esa reforma fiscal, garantizar que represente los intereses del conjunto de los trabajadores, y acompañarla con la movilización social que requiere, que tendrá que enfrentar las resistencias de las corporaciones empresariales y políticas tradicionales, que no van a relegar sus privilegios amablemente.

Algunos debates

Proponemos discutir(nos), debatir(nos) y elaborar colectivamente un análisis sobre la etapa actual que viven nuestro país y nuestra región.
Anclados en nuestra realidad, en la militancia política, barrial, cultural y sindical intentamos poner en crisis las ideas que hoy se elaboran hegemónicamente desde los grupos concentrados del poder para repensar nuestro tiempo, desde una posible síntesis que nos interpele por lo que somos.

En este link, el texto completo!