Por Claudia Neira
Legisladora de la Ciudad (Bloque Buenos Aires para Todos)
El "Derecho a la Ciudad" comprende la posibilidad efectiva de construir un ámbito en el cual vivir dignamente, donde reconocerse parte de un espacio común y en el cual exista una distribución equitativa de los diferentes recursos: trabajo, salud, educación, vivienda, transporte y acceso a la información, entre otros.
Desde la Presidencia de la Comisión Especial de Políticas Públicas para la Ciudadanía Plena sostenemos un modelo de Ciudad donde los habitantes construyan su identidad de manera participativa y comunitaria. Desde esta mirada, la demora en el proceso de urbanización de la Villa 31 y 31 bis, refleja un modelo de Ciudad pensada desde el macrismo sin tener en cuenta la integración de sus diferentes realidades.
En el día de ayer, los vecinos y vecinas de la Villa 31 y 31 Bis se manifestaron exigiendo que la Legislatura de la Ciudad trate sin más demora el proyecto de ley que ratifica el dictamen que elevó la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa, creada por la Ley Nº 334 - la cual dispone la urbanización de las Villas 31 y 31 bis con criterios de radicación definitiva.-
En este sentido, la Villa 31 es un claro ejemplo de lo que se pone en juego cuando se discute la urbanización y el derecho a la Ciudad: la posibilidad de gozar de los recursos que la Ciudad dispone, en uno de los terrenos que la actual política urbana concibe como factor inmobiliario de especulación.
El proyecto participativo y democrático que han protagonizado los vecinos y vecinas de la villa, pretende darle un marco desde el cual repensar el barrio, articulando sus centralidades mediante el diseño de calles, avenidas y pasajes, así como la construcción de un espacio público democrático que pueda reforzar la vida comunitaria y barrial.
Hoy, las demoras que dilatan el avance Ley N° 3.343 muestran las resistencias de los factores de poder para llevar adelante un proceso histórico de restitución de derechos.
Frente a las políticas de derecho, el macrismo opone siempre la rentabilidad privada como solución a los problemas urbanos. Es decir, es el capital privado el que define la política urbana en la Ciudad, mientras el Estado mira para otro lado, relegando sus funciones de planificación y control.
Finalmente, es indispensable la sanción de esta ley, en tanto política de urbanización participativa, dado que la política pública del Ejecutivo de la Ciudad para las villas, si bien ha sido diferenciada según el caso, se ha caracterizado por poseer un alto grado de improvisación, desarticulación institucional y aplicación del maquillaje urbano (por ej. pintar fachadas) en desmedro de intervenciones más estructurales. Esto ha generado un empeoramiento de las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de los barrios informales que se traduce en el no cumplimiento de derechos de rango constitucional y en una Ciudad menos inclusiva.
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