Introducción
La toma del Parque
Indoamericano constituyó uno de los acontecimientos de mayor relevancia pública
en los últimos años en la Argentina. Esta toma, junto a una serie de conflictos[1], puso de
manifiesto las crecientes dificultades en el acceso a vivienda y suelo urbano
en la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Este hecho generó
fuertes polémicas en diversos ámbitos, generándose un debate público que
incluyó la presencia constante del tema en los medios de comunicación
audiovisual y escritos, donde los habitantes de la ciudad no permanecieron
indiferentes. Si bien se han desarrollado diversos estudios,[2] queda
pendiente, todavía, una investigación empírica en profundidad que logre dar
cuenta de la manera en que los distintos actores presentes en la escena del
conflicto legitimaron su accionar. A su vez, este caso permite visibilizar las
formas en que se construyeron, clasificaron y presentaron a los “otros” habitantes de la ciudad, con
los que se establecieron situaciones de disputa, tanto materiales como simbólicas.
El conflicto del
Parque Indoamericano es más que la situación local planteada, es también,
imaginarios, relaciones de fuerza y políticas que se condensaron tras ese
hecho. De esta manera, en el presente artículo nos dedicaremos a estudiar los
enfrentamientos materiales y simbólicos entre actores que la opinión pública
definió como los “vecinos” y los
“ocupantes”, dejando de lado otras variables que también incidieron en el
conflicto y ayudaron a su desarrollo. Nuestra intención es separar
analíticamente el enfrentamiento político más general de los sucesos puntuales,
entendiendo que éstos también estaban impregnando el conflicto. La perspectiva
intenta tomar distancia de la mirada de los medios de comunicación, en tanto
estos presentaron el hecho como una “guerra entre vecinos”, a la vez de
comprender la trama sociológica en la que se sostiene.
Por
otra parte, tal como afirman Grimson y
Caggiano (2012), construir un marco explicativo del Parque Indoamericano
implica no absolutizar la cuestión migratoria, dado que esto podría ocultar lo
que el conflicto expresa en términos del derecho a la vivienda y a la ciudad. En
el presente trabajo creemos que si bien esta cuestión posee una relevancia
importante, adquiere mayor profundidad al contrastarla con la dinámica espacial
y la evolución de la conflictividad urbana
en el área.
A
la vez, partimos de caracterizar que la globalización económica ha modificado
las relaciones internacionales entre los Estados, contribuyéndo al
reforzamiento de una esfera cívica internacional donde se visualiza cambios en
las relaciones entre los Estados Nación y los flujos migratorios (Sassen,
2006), mientras existe un fortalecimiento de dinámicas localistas,
nacionalistas y de etnización de grupos anteriormente invisibilizados (Grimson
2001). De esta manera, como afirma Wieviorka (2003) las sociedades actuales
inventan diferencias a partir de materiales tomados del pasado, de las
costumbres, de las tradiciones.
En
nuestra región, se ha producido un interesante proceso de integración que no ha
sido acompañado social y culturalmente,
más que producirse un reforzamiento de la heterogeneidad multicultural y
multitemporal se han acentuado los intentos de homogenización o negación de las
diferencias (Grimson, 2001). En Argentina, esto se evidencia claramente en el
resultado de la nueva ley de migraciones nº 25.871, que si bien significa un
avance significativo, ha tropezado con múltiples obstáculos como su opaca
legalidad, la existencia de normas nacionales, provinciales y municipales que
se oponen a ella, y funcionarios que se niegan a aplicarla (Novick, 2008)
[1] Dentro
de los conflictos que formaron parte de la misma serie podemos encontrar la
toma del Club Albariño y otras ocupaciones que se produjeron dentro del período
en la Región Metropolitana de Buenos Aires.
[2] Al respecto puede
consultarse Perelman (2011) y los trabajos presentes en Revista
Temas de Antropología y Migración Nº 1 (2011).
La ocupación del Parque
Indoamericano
El Parque
Indoamericano pertenece a la comuna 8 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la que se encuentra formada por los barrios de Villa Lugano,
Villa Soldati y Villa el Riachuelo. Es de destacar que si bien pertenece
geográficamente a esta comuna, se encuentra próximo a los barrios de Parque
Avellaneda y Flores Sur.
Este parque de 130 hectáreas es el
segundo espacio verde más grande de la ciudad (luego del Parque Tres de
Febrero, en Palermo). Canelo (2011)
afirma que este predio fue construido como tal a partir de políticas
públicas diferentes, e incluso, contradictorias. A pesar de algunas acciones
desarrolladas en los últimos años como la colocación de rejas e inauguración
del “Paseo de los Derechos Humanos” en el año 2006, la creación del humedal en
el “Paseo Islas Malvinas” en el año 2007 y la apertura del Centro de
Información y Formación Ambiental en el 2009, a través de los años la presencia del
Estado fue disminuyendo, encontrándose, al momento de la ocupación (diciembre
del 2010), en una estado de prolongado abandono.
Si bien no existe
una única versión de los acontecimientos, los entrevistados consultados
coinciden en relatar que fue ocupada una parcela próxima a la Villa Los
Piletones días antes de la toma del parque, lo que desencadenó un conflicto
entre habitantes de la misma. Estas
mismas familias se habrían trasladado al parque el 6 de diciembre del 2010,
seguidas por otras de inquilinos de las villas cercanas que fueron alertadas de
la situación. Existen coincidencias en
cuanto a que las familias que se asentaron en el predio lo hicieron con la idea
de reclamar soluciones habitacionales al Gobierno de la Ciudad.
El día 7 de
diciembre las autoridades porteñas denunciaron la “ocupación” del parque ante
el fuero penal, y la jueza interviniente ordenó inmediatamente el desalojo del
predio, del que participaron agentes de la Policía Federal y
de la Metropolitana. Si bien éste comenzó a efectivizarse sin mayores
incidentes, hacia la noche de ese mismo día los efectivos policiales
reprimieron fuertemente a los “ocupantes” usando armas de fuego, lo que produjo
serios enfrentamientos que tuvieron como resultado decenas detenidos, algunos
heridos y la muerte de dos personas bajo circunstancias aún no esclarecidas.
A pesar del
desalojo, en la madrugada del 8 de diciembre el parque fue nuevamente ocupado.
A medida que pasaron los días la cantidad de ocupantes se elevó a casi seis
mil, al tiempo que el Gobierno Nacional rechazó volver enviar a las fuerzas de
seguridad al lugar. Luego, desde el jueves 9 hasta la madrugada del sábado 11
de diciembre se produjeron violentos enfrentamientos entre los vecinos que
estaban en el parque y otros que reclaman que se retiren de él[1]. La
disputa culminó con el asesinato de un poblador, elevando el número de víctimas
fatales a tres personas, una de ellas paraguaya
y dos de nacionalidad boliviana.
Finalmente, tras
casi una semana de permanencia en el predio, en un contexto de importante
conflictividad social y política, y cumpliendo con pedidos judiciales previos,
el Poder Ejecutivo Nacional acordó con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
referentes barriales de diferente origen (territorial y político, que inclusive
excedieron el ámbito de la ciudad) el envío de la Gendarmería Nacional ,
con el propósito de evitar que no
ingrese más gente en el parque y cese el clima de violencia, ordenándose la realización de un censo por
parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para conocer las
necesidades de los ocupantes[2]. Al mismo tiempo, la autoridades acordaron
responder a la demanda habitacional presentando un plan de construcción de
viviendas que comprometía a ambos niveles de gobierno, explicitando que a
partir de allí quienes tomaran espacios públicos en cualquier parte del país no
percibirían el plan de viviendas enunciado o
podrían sufrir una quita de los programa sociales existentes.
Como se señaló, la
ocupación del Parque Indoamericano generó un fuerte debate en la opinión
pública. En particular, la condición de migrantes de países limítrofes de gran
parte de los ocupantes fue abordado con posiciones xenófobas por parte del Jefe
de Gobierno de la Ciudad ,
Mauricio Macri, y de esta forma, se generó un debate entre diversos actores de
la sociedad en torno a las políticas migratorias, el derecho a la vivienda y
las formas de acceso a la ciudad, evidenciándose formas diversas de abordar “la
cuestión social-urbana”.
Algunos
de los entrevistados buscaron remarcar la imagen que el parque fue invadido
porque estaba abandonado y otros que el parque sólo era utilizado por algunos
sectores (en particular migrantes de la colectividad boliviana y
paraguaya). Tal como señala Canelo
(2011), si bien el predio había sido entre 1995 (año de inauguración) y 2010 un
lugar de socialización y recreación para las colectividades de países
limítrofes, llegando a reunir cada fin de semana a unos seis mil hombres y
mujeres de distintas edades, también contaba con un sector que era aprovechado
por vecinos de origen argentino. Además, los entrevistados hacen referencia a
que en los últimos años el predio presentaba fuertes deterioros y falta de
mantenimiento, observables especialmente en los primeros lugares ocupados.
[1] Es
notorio que operaron en la zona grupos de choque bajo el camuflaje de “vecinos”
que no dudaron en utilizar la violencia para poner fin a la toma.
[2] Resulta
fundamental resaltar el papel que cumplieron algunos referentes barriales en la
contención del conflicto, dado que si bien en un primer momento estos no
estuvieron involucrados, en las entrevistas realizadas se evidencia claramente
como la irrupción del conflicto en la escena pública determina el
involucramiento de los mismos.
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