A 10 Años de la Asamblea!

@Hugo Uhart, militante histórico de la Asamblea de Flores, trae los recuerdos de una construcción popular que lleva diez anos en el barrio de flores. 

Me acuerdo de aquella tarde tórrida de enero del 2002 cuando asistí por primera vez a la Asamblea en la plaza de Avellaneda y Donato Alvarez , plaza que llevaba entonces el nombre del fusilador Aramburu y se rebautizó 20 de Diciembre, aunque hoy lleva el nombre de Ángel Gris. 

Como olvidar aquel sábado 31 de agosto del mismo año que amaneció frío y ventoso, la cita era en la plaza, los últimos detalles organizativos, los nervios propios del operativo recuperar y la partida en distintos grupos. Un rato mas tarde se produjo la apertura y la irrupción al lugar que fue un éxito con costos mínimos. Luego la tensión ante la inmediata presencia policial que duro unos pocos minutos. Es que por aquellos días el Estado y sus fuerzas, eran testigos preocupados ante la iniciativa y la osadía popular. Siguió luego toda una jornada de reconocimiento, limpieza y trabajo, que ya no pararía.

Y como no recordar aquel 8 de julio de 2005 cuando me re-instale en la habitación del tercer piso, no ya como "custodio" de la conquista, sino como habitante transitorio de la Casa Social naciente, que no pararía de crecer hasta constituirse en cooperativa de vivienda. 

Pasaron 10 años de la ocupación, ha transcurrido una década plena de acontecimientos, con sueños locos, adrenalina, energía y entusiasmo militante. 

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El país en llamas escribí alguna vez, recuerdo vivamente las imágenes, la furia ante el despojo y el estado de sitio, el combate por la Plaza de Mayo, los caídos, los heridos, los detenidos, el fuego, la renuncia y la huida en helicóptero. Fue el hartazgo y la indignación estallando en rebelión popular. 

Es que los ajustes que nos venían imponiendo desde la década menemista ( justo es decirlo, muchos se instrumentaron con consenso de buena parte de nuestro pueblo y la colaboración de la dirigencia política y sindical, salvando honrosas excepciones) 

La Alianza en el gobierno, lejos de desandar esa política de entrega neo-liberal y sujeción a los organismos financieros, estrenó su gobierno con represión y tres muertos en Corrientes, y siguio con la represión en Salta y el asesinato de Aníbal Verón. Fue la radiografía de la inutilidad y dejo el poder luego de cobrarse mas de 30 vidas. Y algunos de ellos, hoy reciclados en distintos espacios, pretenden darnos clase de democracia i de e institucionalidad. ¡ Patéticos ! Nunca mas volverán a gobernar este país. 

Finalmente el Estado se reconfiguró y las instituciones recuperaron su protagonismo (con su carácter burgués) y partir de 2003 se abre una etapa que todavía transitamos, con mucha agua que ha corrido bajo el puente 

En lo personal esta década transcurrida también ha dejado su huella, hoy estoy menos joven o mas maduro y mis hijos son adultos. Hice algunos amigos y compañeros, y perdí otros. Se fue mi vieja de este mundo, pero mi hija me regaló una nieta. Me echaron del empleo en 2002, y sobreviví hasta que en 2006 pude quedar contratado en el Estado Nacional. Y algún amor que terminó sus días y el descenso de River, por nombrar algunas cosa 

Podría pasar varias horas recordando anécdotas y acontecimientos que pasaron en estos 10 años de Asamblea, de muchos compañeros que pasaron por el lugar y ya no están, y de los que permanecemos en nuestro “devenir”. 

Recuerdo las peleas por sostener el espacio, llenar la olla, poner un comedor, convocar a los mas necesitados del barrio. Así fuimos creciendo, con la gimnasia de la búsqueda social y política, porque siempre reivindicamos la política como instrumento de transformación. Y así nos fuimos organizando por las reivindicaciones mas urgentes, pensando y repensando las formas, mutando, ensayando, con aciertos y errores. Siempre con la plena convicción de que nuestro hacer era un ladrillo mas en la construcción popular, con perspectiva de futuro. 

Hoy seguimos vivos y fuertes, con muchas actividades y amplia diversidad, Vivienda, Educación, Cultura y Trabajo son nuestros ejes. No es poco lo que hemos logrado hasta aquí y estamos en la etapa de obtener legalmente el lugar para desarrollar el proyecto de vivienda, y obtener otro para que las actividades se sigan desarrollando. 

Los que resistimos en los años ’90 y fuimos parte de la rebelión del 2001, y los que luego se fueron sumando a la actividad política-social, valoramos los avances a favor de los sectores populares que se produjeron desde el 2003 con el kirchnerismo en el gobierno, sin dejar de señalar las contradicciones entre el relato y lo concreto de esos avances, y sin dejar de reclamar y aportar militando en esta etapa, por todo lo que falta. 

Porque militamos poniendo el cuerpo para que todos tengan comida, educación, salud, vivienda y trabajo dignos. Porque hacemos política y pretendemos que todos seamos sujetos pensantes, para poder actuar con conciencia del rol que debemos jugar en nuestra sociedad . 

Queremos avanzar hacia ese futuro. ¡ Y vamos por mas !

Reforma fiscal y reforma sindical. Dos caras de la misma moneda y un camino a transitar

La coyuntura política actual está atravesada por dos conflictos casi excluyentes: el enfrentamiento entre CFK y Scioli y el enfrentamiento entre CFK y Moyano. Obviamente, ambos conflictos están muy relacionados, porque se dan al interior del justicialismo, y están vinculados a la sucesión en la CGT y a la sucesión política en 2015. Pero, además, estos dos conflictos tienen una ligazón más profunda, que expresa algunas de las contradicciones que emergen en el desarrollo del patrón de acumulación que impulsa el kirchnerismo y por eso permiten vislumbrar tareas pendientes que habría que encarar en pos de lograr un país con mayor justicia social, soberanía política e independencia económica, para citar el clásico tridente peronista. Proponemos leer la actual coyuntura política acercándonos a través de dos problemáticas: la reforma fiscal y la reforma sindical, que son dos caras de un mismo problema: la redistribución de la riqueza. Vamos por partes.

Tanto el conflicto de CFK con Scioli como con Moyano son conflictos que expresan tensiones que vienen de hace tiempo atrás al interior de la disputa política del justicialismo. Siempre estuvieron fogoneados por la prensa y las fuerzas políticas opositoras, pero no terminaban de hacerse realidad hasta hoy. El primero en estallar fue el conflicto con Moyano, vinculado a la sucesión de la CGT que debe renovar autoridades a partir del 14 de julio. El kirchnerismo, al igual que lo hizo con la CTA en 2010, intervino fuerte en el conflicto, y ante la imposibilidad de imponer un candidato más afín a sus necesidades políticas actuales, apostó a la fractura. Hoy ya podemos decir de hecho que hay cinco centrales sindicales: CGT Moyano, CGT oficialista, CGT Azul y Blanca, CTA Micheli y CTA Yasky. De más está decir que esta fragmentación es funcional a los intereses del empresariado, que tiene una mejor posición relativa para negociar frente a los trabajadores en la medida que se fragmenta su representación y que se abren conflictos por su legalidad. Pero esta es una verdad relativa. Simplificando un poco, las centrales sindicales, como está armado el sistema sindical en nuestro país, son meros agrupamientos políticos que no intervienen en la instancia fundamental del conflicto entre capital y trabajo: las negociaciones paritarias y la firma de convenios colectivos de trabajo. El que interviene en esa disputa central es el sindicato único por rama de actividad, que es la base del sistema sindical. Las centrales obreras tienen una importancia fundamental como polos de acumulación política, pero sólo intervienen en disputas institucionales importantes pero menores como la discusión por el salario mínimo vital y móvil. No intervienen directamente en el conflicto básico entre capital y trabajo. Es por eso que la discusión no se ocupa de la representación sindical básica y se centra toda la atención en la representación más global que se encarna de la central obrera, porque lo que está en discusión es cómo se agrupan políticamente unos y otros, y no cómo representar mejor los intereses de los trabajadores en su conjunto.

En la historia del peronismo, la importancia de la central obrera como polo de acumulación política es lo que dio origen a la expresión “el movimiento obrero es la columna vertebral del justicialismo”. Es decir, la CGT en el esquema peronista clásico sirve como apoyo político fundamental al servicio de la acumulación política del movimiento peronista, antes que como expresión orgánica de la clase trabajadora. Esto es tan cierto para el kirchnerismo en la actualidad, como lo fue para Menem. Se supone que es el gobierno peronista, apoyado incondicionalmente por dicha central, el que zanja la disputa con el capital en favor de los trabajadores, dejando al movimiento obrero en un lugar de subordinación política y obturando una representación cabal de los intereses y las realidades de los trabajadores.

Esto necesariamente nos debe hacer reflexionar sobre la relación entre la representación sindical como está configurada hoy con y las condiciones materiales de existencia de los trabajadores. Hoy la representación sindical expresa a un segmento importante pero acotado de los trabajadores: aquellos que se encuentran bajo convenio colectivo de trabajo. Los trabajadores desocupados, los informales, los cuentapropistas, los de la economía social, los jubilados, los que no tienen convenio colectivo, no tienen representación en el sistema sindical. Además, los niveles de representación de base –proporción de delegados en lugar de trabajo- son bajísimos, el pluralismo es inexistente porque no se incluyen a las minorías en la conducción de los sindicatos únicos por rama de actividad, los mandatos son renovables de manera ilimitada lo que favorece la disociación entre dirigencia y base, la elección de la representación de la CGT se da de manera indirecta, etc. En definitiva, tenemos un modelo sindical que expresa mal a la realidad de la clase trabajadora, que es cada vez más heterogénea en sus condiciones de trabajo, de contratación, y de nivel de ingreso.

Una adecuada representación sindical de los trabajadores es la herramienta fundamental para plantearse un proceso de redistribución de la riqueza en el país a favor de estos. Hoy esa representación autónoma está obturada por un sistema sindical que está mostrando su agotamiento y que requiere de una reforma estructural, y de una profunda renovación de su dirigencia que, pese a todo, se va dando de manera soterrada y trabajosa a través de la elección de delegados de base y la conformación de nuevas juntas internas.

Este agotamiento se expresa, como dijimos, en e creciente defasaje entre la representación sindical y las condiciones de vida de los trabajadores. Esto se ve claramente en el caso de Moyano que pese a tener una aceptación elevada entre los trabajadores formales está apunto de perder la dirección de la CGT en manos de una alianza que incluye de manera preponderante a los sindicalistas que apoyaron al  menemismo en el proceso de desguase del estado y de desindustrialización. Pero también se ve el defasaje en que el mismo Moyano pone como punta de lanza de sus reclamos el tema de los topes salariales (mínimo no imponible y asignaciones familiares), que afecta a un segmento minoritario de los trabajadores, y deja para mucho más atrás cuestiones más globales como la informalidad y la precariedad.

Hay muchas alternativas para pensar esta posible reforma sindical, no es acá el lugar para discutirlas, pero necesariamente deben hacerse en función de adecuar esa representación a la realidad heterogénea de los trabajadores, aumentar el pluralismo, la representación de las minorías y la participación de los delegados de base, incluir a los trabajadores jubilados, informales y desocupados, y en pos de buscar una mayor autonomía de la representación de los trabajadores de los gobiernos de turno.

Como dijimos la reforma sindical es central para plantear una disputa profunda por la redistribución de la riqueza. Es la herramienta que puede apuntalar y acompañar los cambios necesarios para ello. Uno de las principales tareas pendientes para esta redistribución de la riqueza es la reforma fiscal. El “pacto fiscal” es por definición lo que determina las pautas de redistribución de la riqueza generada en un país. Obviamente, después son las demás políticas públicas las que determinan cómo se redistribuye: si para sostener la demanda agregada y el consumo popular, o para asegurar la rentabilidad de los empresarios, o para asegurar la renta financiera y el pago de la deuda, entre otras. Pero el esquema de recaudación es el hecho fundamental en términos de redistribución: a quién se le saca y cuánto para solventar el gasto público.

El kirchnerismo fue muy renuente a modificar las pautas generales del pacto fiscal vigente en el país. Lo que sí se permitió es superponer algunas herramientas, que combinaban gran capacidad de recaudación con discrecionalidad en la orientación del gasto, por ubicarse por fuera del esquema de la coparticipación federal. Este es el caso paradigmático de los derechos de exportación (retenciones), que fueron una de las principales cajas que financiaron la política pública del kirchnerismo en estos años.

Pero, como dijimos no se modificaron los elementos básicos de la estructura tributaria del país: no se tocó la alícuota del IVA, no se modificaron sustancialmente el esquema de pago de ganancias (salvo la eliminación de la “tablita de Machinea”), no se modificó el pacto de coparticipación que debería haberse modificado en 1996, no se aumentó el impuesto a la propiedad privada inmueble, etc.

El pacto fiscal está mostrando sus graves limitaciones en el conflicto entre CFK y Scioli. Desde ya que este conflicto expresa con toda crudeza el problema de la sucesión de CFK: el kirchnerismo no concibe la posibilidad de eligir un sucesor para CFK, mientras que la única alternativa para su re-reelección es reformar la Constitución, y para ello requiere una excelente elección en 2013, que le asegure presencia mayoritaria de “tropa propia” e las cámaras. Ahí está la explicación de este conflicto anticipado por la sucesión que se desató con Scioli y también la explicación de por qué se marginó al movimiento obrero liderado por Moyano en la confección de las listas en 2011.

Pero, este conflicto político se sustenta en elementos estructurales reales: ya no alcanzan los recursos que recauda el Estado para financiar una estrategia de desarrollo económico que permita seguir generando empleo y aumentando el nivel de los salarios en un contexto de crisis internacional. Esto se agrava porque el esquema de coparticipación de los recursos somete a los gobernadores y municipios a una limitación económica estructural y a una dependencia absoluta de los favores económicos de la Nación. Esta dependencia, que le sirvió al kirchnerismo para disciplinar a los gobernadores e intendentes mientras tuvo recursos para distribuir, en un contexto de “vacas flacas” está empezando a generar gran conflictividad social en los territorios, que no le “salen gratis” a CFK, y que amenazan con minar su legitimidad social.

La reformulación del pacto fiscal y de la coparticipación federal son tareas ineludibles en el mediano plazo para generar los recursos necesarios que requiere una estrategia de desarrollo como la señalada. El IVA es una de las principales fuentes de recaudación, y es el impuesto más regresivo, que impacta mas en lo que menos tienen. El impuesto a las ganancias está completamente distorsionado por las modificaciones parciales, debe ser reformulado como un impuesto a los altos ingresos, que no deje exentas a las ganancias financieras, al juego y otras rentas, pero que tampoco se coma el salario de los trabajadores de ingresos medios. La coparticipación federal debe incorporar un sistema de actualización periódica real, hoy en día la ley está virtualmente bloqueada porque requiere del apoyo unánime de todas las provincias, un verdadera quimera política. Estos temas y muchos más deberían incluirse en dicha reforma fiscal.

Por eso, para concluir, es que reforma sindical y reforma fiscal son dos caras de una misma moneda y marcan uno de los caminos posibles para encarar las transformaciones sociales y económicas que necesita nuestro país. Sin reforma fiscal es imposible pensar financiar una estrategia de desarrollo económico y social autónomo, que asegure el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de las mayorías. Pero, sin un movimiento obrero organizado autónomo y que represente a los trabajadores en toda su heterogeneidad, es imposible pensar en apuntalar esa reforma fiscal, garantizar que represente los intereses del conjunto de los trabajadores, y acompañarla con la movilización social que requiere, que tendrá que enfrentar las resistencias de las corporaciones empresariales y políticas tradicionales, que no van a relegar sus privilegios amablemente.

Crisis de quién?

Subimos un interesante artículo escrito por Palombi/Guevara/Schweitzer, sobre la crisis del mercado inmobiliario. 

El conflicto reciente por las restricciones a la compra de dólares desató una psicosis en algunos sectores de la sociedad. Una de las aristas de este conflicto es la supuesta paralización del mercado inmobiliario. Más allá de que los desarrolladores ya salieron a aclarar que perfectamente pueden operar en pesos, porque todos sus costos son en pesos, sigue pendiente la cuestión referida a las viviendas usadas. Como gran parte de las operaciones están encadenadas, se plantea que nadie aceptaría pesos sin tener la certeza de que luego le acepten pesos para comprar...Para leerlo completo, hacé click aquí

Algunos debates

Proponemos discutir(nos), debatir(nos) y elaborar colectivamente un análisis sobre la etapa actual que viven nuestro país y nuestra región.
Anclados en nuestra realidad, en la militancia política, barrial, cultural y sindical intentamos poner en crisis las ideas que hoy se elaboran hegemónicamente desde los grupos concentrados del poder para repensar nuestro tiempo, desde una posible síntesis que nos interpele por lo que somos.

En este link, el texto completo!

Primer semestre del segundo gobierno de CFK

Habiéndose cumplido recientemente seis meses del segundo gobierno de CFK es un buen momento para reflexionar sobre la coyuntura político-económica actual. Un mandato que comenzó con el pico de legitimidad del kirchnerismo, después del 54% obtenido en las elecciones, pronto tuvo que enfrentarse a las primeras turbulencias. La crisis económica en Europa no arrecia, y sus efectos se empiezan a sentir progresivamente en el conjunto de la economía mundial. China, India, Brasil, las economías llamadas emergentes, desaceleran su crecimiento, en mayor medida que con la crisis financiera de 2008-2009, y esto impacta en la demanda agregada de los productos que produce nuestra economía (productos agropecuarios y automóviles, para mencionar los principales). Como en 2008, el crecimiento de la economía argentina está bajo amenaza de recesión o al menos  profunda desaceleración. No hay claridad todavía sobre el desarrollo de la crisis internacional, por lo que es muy difícil prever qué pueda ocurrir en los próximos meses.

Nadie puede discutir la importancia, en una economía mundial crecientemente globalizada y especialmente en una economía de inserción dependiente como la argentina, la importancia del factor externo. No obstante, es tan falso achacar el crecimiento reciente a un mero “viento de cola”, como culpar exclusivamente al gobierno de CFK por la posible recesión de este año. Dicho esto, no puede ser impedimento para intentar hacer un balance de las actuaciones del gobierno nacional en la coyuntura actual.

Lo primero que puede decirse es que la escasez de recursos derivada de la crisis internacional pone en evidencia algunas de las tareas pendientes del kirchnerismo. Esta escasez se expresa fundamentalmente en dos pilares del “modelo”: el superávit fiscal y el superávit comercial. Ambos superávit explicaban el margen de maniobra del kirchnerismo en estos años, para orientar los recursos del Estado, con una lógica que combinaba disciplinamiento político de las gestiones provinciales y municipales, con un denodado esfuerzo por impulsar la demanda agregada y el consumo popular (AUH, actualización de las jubilaciones, planes sociales, promoción de las negociaciones colectivas, obra pública, etc.).

En este marco, las “tareas pendientes” del kirchnerismo han empezando a manifestarse de manera crítica:

1. el accidente de Once desnudó para toda la sociedad el fracaso del modelo de privatización de los servicios públicos;
2. el conflicto por YPF hizo lo propio con la política de control de los recursos naturales por parte de empresas multinacionales o su variante de “burguesía nacional”
3. los crecientes controles al mercado cambiario y la inflación son dos caras de una misma moneda: el fracaso del gobierno kirchnerista para “tutelar” la inversión privada y llevarla a los niveles y calidades requeridos para el desarrollo nacional. Las consecuencias de esto son la fuga de capitales, remisión de utilidades, escasa inversión, mayor concentración y extranjerización económica, etc.

De alguna manera, muy sintética y simplificada, estos tres ítems recorren todo el espectro de lo que debería abarcar un proyecto nacional, popular, democrático y latinoamericano: control de los recursos naturales para garantizar su puesta al servicio del interés nacional; provisión servicios públicos (en toda la gama: salud, educación, servicios básicos, etc.) de calidad y accesibles para toda la población; y actividad productiva capaz de garantizar ocupación, ingresos y bienestar suficientes a la población. Son justamente estos ejes centrales los que empiezan a mostrar profundas contradicciones, lo que pone en cuestión los fundamentos mismos del proyecto kirchnerista, y que requieren de una reformulación de la orientación del gobierno. De lo contrario, seguirá en aumento la conflictividad social, se profundizará la pérdida (todavía módica) de imagen positiva de la presidente y se multiplicaran los reacomodamientos dentro del heterogéneo espectro kirchnerista (como la ruptura con Moyano y la creciente autonomía de Scioli), lo que puede llevar a que se genere una crisis política.

Analizar las medidas vinculadas a estos tres ejes que fue tomando el gobierno en estos meses es lo único relevante para hacer un balance de este primer semestre, más allá de las discusiones y declaraciones altisonantes, de todos los actores políticos.

El kirchnerismo mostró un repertorio amplio con respecto a los servicios públicos, pero en términos generales no cuestionó el modelo heredado de la década del noventa, salvo cuando la situación se volvió insostenible. Así ocurrió con el Correo y de AYSA, que volvieron a manos del Estado. Distinto fue el caso de los trenes, donde se limitó a quitar del medio a algunos operadores y generó el engendro de la UGOFE, pero negándose a generar una política alternativa de gestión del transporte. Otras privatizaciones, como las telefónicas o las de electricidad, permanecen incuestionadas, y se limitan a acuerdos de tarifas que impidan un impacto desmedido sobre los ingresos y la producción. El saldo en este sentido es muy negativo, especialmente en el caso ferroviario, donde la masacre de ONCE, que debió generar un replanteo completo del transporte, hasta ahora sólo tuvo como respuesta el traspaso del área al Ministerio del Interior y el impulso módico, pero acertado, de un ente de gestión metropolitana. La corrupción y la connivencia entre Secretaría de Transporte, Sindicatos y empresarios no se deshacen con un mero cambio de organigrama. Mucho tiempo y recursos se malgastan en los servicios públicos a través de los subsidios que sólo tienen como efecto apuntalar la rentabilidad de los operadores, avalando un progresivo deterioro de la gran mayoría de los servicios. En un contexto de restricción de la disponibilidad de recursos para subsidiar a las empresas prestadoras, un cambio de paradigma en la gestión de los servicios públicos es impostergable.

Por su parte, la cuestión del control de los recursos naturales estuvo presente desde el comienzo del gobierno kirchnerista. En los primeros años, al calor de la recuperación económica, el eje estuvo centrado en la distribución de energía, más que en los recursos naturales que la generan, donde el kirchnerismo realizó una gran inversión en la red eléctrica y permitió salvar los cuellos de botella más o menos adecuadamente. No obstante, otro problema estructural se agravaba aceleradamente desde el ingreso de REPSOL a YPF en 1999: la disminución de la inversión en exploración, la baja de las reservas y el aumento de la distribución de dividendos. Asimismo, el (previsible) fracaso del management de Eskenazi vuelve a mostrar la falacia de la tesis de la burguesía nacional, o al menos, la ridícula creencia en su generación espontánea. El Estado debía controlar a YPF y tenía para ello diversas herramientas, empezando por un representante estatal en el directorio de la empresa. La estatización del 51% de las acciones de YPF permite recuperar el control de un actor estratégico del sector, pero de ninguna manera soluciona en el corto plazo el déficit energético. Se requiere no sólo de ingentes inversiones por parte de YPF en exploración y producción como anunció el flamante CEO recientemente, sino también una férrea regulación del resto de los operadores de la actividad. La decisión de expropiar, si bien es auspiciosa porque dota al Estado de mayor autonomía y de una herramienta válida, no repara automáticamente años de negligencia y complicidad por parte del kirchnerismo en este rubro. Los millones de dólares que se repartieron en dividendos y no se reinvirtieron, tampoco se recuperan con esta trascendente medida. La conclusión sacada con respecto al petróleo y el gas, debería extenderse a la minería, la pesca, la tierra rural productiva, etc.

Con respecto a la falta de adecuados niveles y calidades de la inversión privada, el fracaso se evidencia al observar la creciente concentración y extranjerización de la cúpula empresaria de la economía argentina. La inflación fue el primer emergente de esta estructura productiva sesgada: es la expresión de la capacidad de las grandes empresas de apropiarse, al menos parcialmente, vía aumentos de precios en mercados oligopolizados de los aumentos de la capacidad adquisitiva de la población. La incapacidad del kirchnerismo para operar sobre esta estructura productiva está terminando por esterilizar en alguna medida el esfuerzo denodado por impulsar la demanda agregada. Para colmo, recientemente, la presidente optó como estrategia para paliar la inflación el intentar moderar las demandas salariales (poniendo tope a las negociaciones colectivas, dejando que se desactualicen los topes de ganancias y de las asignaciones familiares, etc.).

El último emergente del déficit de inversión es la crisis cambiaria. La competitividad del tipo de cambio parece ser la única vía para el empresariado local para garantizar su rentabilidad, mostrando las limitaciones de la burguesía local y de las inversiones extranjeras en el país. El gobierno, acertadamente, se niega a acceder a una devaluación pronunciada que recomponga la rentabilidad empresaria perdida y licué los ingresos de la población, pero no ha mostrado hasta ahora una adecuada capacidad para tutelar la inversión privada, por ejemplo discutiendo la reinversión de utilidades, las remisiones al exterior, los tratados bilaterales de inversión, etc. Como consecuencia del atraso cambiario, se vio en la necesidad de controlar la salida de divisas para hacer frente a las demandas del pago de la deuda externa. No obstante, el problema cambiario es un epifenómeno del déficit de inversión. Mientras dispuso de ingentes recursos, la inversión pública suplió en alguna medida a la inversión privada, pero esta estrategia está llegando a su fin, al calor de las restricciones fiscales y externas. El Plan de Vivienda lanzado recientemente es tal vez el último intento por parte del kirchnerismo de apuntalar la actividad productiva, esperando que la recomposición del frente externo permita recuperar la senda del crecimiento. Como fue dicho, es difícil prever lo que pueda pasar en el plano internacional, por lo que parece necesario empezar a buscar formas de reemplazar la demanda externa por demanda originada en el mercado interno y/o explorar otros mercados que puedan demandar nuestra producción. Mantener el nivel adquisitivo de la población es central en este sentido, así como la promoción a las sustituciones de importaciones y a la investigación y el desarrollo de tecnología. El control de YPF, bien utilizado, puede ser una herramienta muy importante en este sentido, como palanca de la actividad productiva local.

En el plano del reconocimiento de derechos civiles y sociales, se han producido importantes avances como la ley de muerte digna, la ley de identidad de género, entre otras, y pareciera que se va a avanzar en la despenalización del consumo de estupefacientes. También se están discutiendo importantes, aunque limitadas, reformas al Código Civil (que no pone en discusión la función social de la propiedad) y el Código Penal. En este plano, el kirchnerismo sigue manteniendo vigente su vitalidad y su impulso transformador.

No obstante, nada de esto va a alcanzar para garantizar su permanencia en el tiempo, si no resuelve las contradicciones que el propio desarrollo de su régimen de acumulación está engendrando. Apostar todo a la resolución de la crisis europea y a la recuperación de la demanda de las economías pujantes como China o Brasil, no parece estrategia suficiente. Seguir inyectando recursos cada vez más limitados para impulsar la demanda agregada sin alterar sustancialmente la estructura productiva tampoco parece un camino adecuado. Recortar los subsidios sin reformular el modelo de gestión de los servicios públicos es probable que genere una mayor carga sobre los ingresos populares. Promover la inversión extranjera en la explotación de recursos naturales, sin garantizar la compatibilidad con los intereses del desarrollo nacional, no puede tener otro resultado que el fracaso ya comprobado. Apostar al control de las demandas salariales para moderar la inflación es una estrategia incompatible con los propios postulados del “modelo”.

De no mediar un cambio  en la coyuntura internacional, cualquier gobierno en el poder más temprano que  tarde va a tener que tomar algunas decisiones trascendentes vinculadas a cómo se genera y distribuye la riqueza en este país. Eso va a implicar una orientación determinada del aparato estatal, una alianza determinada con sectores sociales y fuerzas políticas y, en consecuencia, enfrentamientos, conflictos y cuestionamientos por parte de los intereses corporativos que se decida afectar en pos del interés común. Las fuerzas políticas que se dicen interesadas en promover transformaciones sociales en un sentido de mayor justicia social y que promueven una mayor participación y control de los trabajadores en la producción y distribución de la riqueza, tanto las que están dentro del dispositivo kirchnerista, como las que están afuera, harían bien en promover las confluencias necesarias para dar sustento a estas medidas, en caso de que la conducción de CFK o quién la suceda se decidiera a encararlas. Tanto los primeros que señalan permanentemente supuestos traidores o posicionamientos “funcionales a la derecha”, como los otros pronosticando la crisis terminal del kirchnerismo a cada rato y denunciando su falso progresismo en cada medida, no hacen más que impedir que se generen las condiciones para una transformación social profunda en nuestro país.